INFORME No. 57/13 1
PETICIÓN 12.229
ADMISIBILIDAD
DIGNA OCHOA Y OTROS
MÉXICO
16 de julio de 2013
I.

RESUMEN

1.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “Comisión”, “Comisión
Interamericana” o “CIDH”) recibió el 2 de noviembre de 1999 una petición presentada por el Centro por
la Justicia y el Derecho Internacional (“CEJIL”) y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos
Humanos “Todos los Derechos para Todos y Todas” en la cual alegaron la violación de varios derechos
contenidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “Convención Americana”
o “Convención”) en perjuicio de la abogada Digna Ochoa y Plácido por parte de los Estados Unidos
Mexicanos (en adelante “Estado” o “Estado mexicano” o “México”). La petición original se presentó en
relación con una serie de presuntas amenazas y hostigamientos perpetrados contra miembros del Centro
de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” (en adelante el “Centro PRODH”), en particular, por el
presunto secuestro y ataques sufridos por la Sra. Digna Ochoa y Plácido los días 9 de agosto y 28 de
octubre de 1999, respectivamente, y la falta de investigación efectiva por parte del Estado. Con
posterioridad a la muerte de la Sra. Digna Ochoa ocurrida el 19 de octubre de 2001, continuaron como
peticionarios del caso el Sr. Jesús Ochoa y Plácido, CEJIL y la Asociación Nacional de Abogados Democráticos
(en adelante “peticionarios”) quienes presentaron sus alegatos en relación a la muerte de la Sra. Digna Ochoa
y Plácido y la falta de investigación efectiva y esclarecimiento de la verdad de este hecho.
2.
Durante el trámite de admisibilidad los peticionarios alegaron que el Estado mexicano es
responsable por la violación al derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, el derecho a la
libertad personal, honra y dignidad y a las garantías judiciales y protección judicial reconocidos
respectivamente en los artículos 4, 5, 7, 11, 8 y 25 de la Convención Americana, todos ellos en relación
con el artículo 1 y 2 del mismo instrumento. Adicionalmente, en virtud del presunto secuestro y ataques
sufridos por la Sra. Digna Ochoa en 1999, alegaron que el Estado es responsable por la violación a los
artículos 1, 2 y 3 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. Los peticionarios
afirman que han interpuesto y agotado todos los recursos de jurisdicción interna como lo establece el
artículo 46 de la Convención, sin embargo, éstos no fueron adecuados y efectivos.
3.
Por su parte, el Estado sostiene que la petición no debe ser admitida porque los
peticionarios no agotaron los recursos de la jurisdicción interna. En específico, porque no controvirtieron
la resolución de “no ejercicio de la acción penal” que concluyó que la muerte de la Sra. Digna Ochoa fue
un suicidio. Asimismo, alega que los peticionarios buscan que la CIDH se convierta en una “cuarta
instancia” para valorar nuevamente la decisión adoptada por el Ministerio Público que no caracteriza
violaciones a la Convención Americana.
4.
Sin prejuzgar sobre el fondo del asunto, tras analizar las posiciones de las partes y en
cumplimiento de los requisitos previstos en los artículos 46 y 47 de la Convención Americana, la Comisión
1 Conforme a lo dispuesto en el artículo 17.2.a del Reglamento de la Comisión, el Comisionado José de Jesús Orozco
Henríquez, de nacionalidad mexicana, no participó en el debate ni en la decisión del presente caso.

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