2 I INTRODUCCIÓN DE LA CAUSA Y OBJETO DE LA CONTROVERSIA 1. El 1 de abril de 2008, de conformidad con los artículos 51 y 61 de la Convención Americana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o “la Comisión Interamericana”) sometió a la Corte una demanda contra la República del Perú (en adelante “el Estado” o “el Perú”). Dicha demanda se originó en la denuncia Nº 12.357 remitida a la Secretaría de la Comisión el 12 de noviembre de 1998 por los integrantes de la Asociación de Cesantes y Jubilados de la Contraloría General de la República del Perú (en adelante “la Asociación” o “la Asociación de Cesantes y Jubilados”) y ampliada el 24 de enero de 2000, fecha en que designaron como representante legal, inter alia, al Centro de Asesoría Laboral (en adelante “CEDAL”). El 9 de octubre de 2002 la Comisión aprobó el Informe de admisibilidad Nº 47/02, mediante el cual declaró admisible la petición. Posteriormente, el 27 de octubre de 2006 la Comisión aprobó el Informe de fondo Nº 125/06, en los términos del artículo 50 de la Convención, el cual contiene determinadas recomendaciones para el Estado4. El 1 de abril de 2008 la Comisión decidió, en los términos de los artículos 51.1 de la Convención y 44 de su Reglamento, someter el presente caso a la jurisdicción de la Corte, considerando que “el Estado no había cumplido con las recomendaciones” señaladas en el Informe de fondo Nº 125/06. La Comisión designó como Delegados al señor Paolo Carozza, Comisionado, y al señor Santiago A. Canton, Secretario Ejecutivo, y como asesores legales a las señoras Elizabeth Abi-Mershed, Secretaria Ejecutiva Adjunta, Norma Colledani y Manuela Cruz Rodríguez, especialistas de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión. 2. En la demanda la Comisión se refirió al supuesto incumplimiento de las sentencias judiciales del Tribunal Constitucional del Perú de 21 de octubre de 1997 y 26 de enero de 2001 que ordenan “que la Contraloría General de la República cumpla con abonar a los integrantes de la Asociación actora las remuneraciones, gratificaciones y bonificaciones que perciben los servidores en actividad de la citada Contraloría que desempeñen cargos idénticos, similares o equivalentes a los que tuvieron los cesantes o jubilados”, respecto de doscientos setenta y tres (273) integrantes de la Asociación de Cesantes y Jubilados de la Contraloría General de la República (en adelante “las presuntas víctimas” o “los 273 integrantes de la CGR”)5. La Comisión señaló que “[s]i bien el Estado ha dado cumplimiento Reglamento, los cuales seguirán tramitándose conforme a las disposiciones del Reglamento anterior”. De ese modo, el Reglamento de la Corte mencionado en la presente Sentencia corresponde al instrumento aprobado por el Tribunal en su XLIX Período Ordinario de Sesiones celebrado del 16 al 25 de noviembre de 2000 y reformado parcialmente por la Corte en su LXI Período Ordinario de Sesiones, celebrado del 20 de noviembre al 4 de diciembre de 2003. 4 En el Informe de fondo la Comisión concluyó que “el Estado peruano es responsable de la violación al derecho a la protección judicial y a la propiedad consagrados en los artículos 25 y 21 de la Convención Americana, en perjuicio de los cesantes y jubilados de la Contraloría General de la República. Lo anterior constituyó además violación por el Estado peruano a la obligación genérica de respeto y garantía que le impone el artículo 1(1) de dicho instrumento internacional”. Finalmente, la Comisión recomendó al Estado “[t]omar las medidas necesarias para dar cumplimiento en forma eficiente a las sentencias del Tribunal Constitucional de[l] Perú emitidas el 21 de octubre de 1997 y [el] 26 de enero de 2001”. 5 Las 273 presuntas víctimas en el presente caso son: Acevedo Buendía, Alejandro; Acevedo Castro, Apolonio; Acevedo León de Dávila, Isabel Zoila; Acosta Arandia, Asunción Graciela; Acosta Trujillo, Marcial; Agüero Ayala, Zóismo; Aguilar Arévalo, Augusto Marcos; Aguilar Serrano, Miguel Tulio; Aguirre Calderon, Emilio Fernando; Alarcón Coronado De Pérez, Nilda René; Alayo Fajardo, Félix Agustín; Alcalá Contreras, Carmen Alejandra; Alcóser Gutiérrez, Moisés Ernesto; Almenara Valdez De Hemmerde, Luisa; Almeyda Flores, Gerardo; Álvarez Postigo, Víctor Augusto; Alza Ahumada, Carlos Eugenio; Amico Ramos Vda. de Errea, Leticia; Ampuero Pasten, Alejandro Augusto; Anaya Vda. De Faura, María Cristina; Aparicio Sifuentes, José Melchor; Aquije Alvarez, Luis Alberto; Arana Pozo, Iraida Eumelia; Arancivia De Valdez, Jaqueline Tania Silvana; Aranda De Los Ríos, María Rosa; Arce Meza, Fernando Aníbal; Arce Vda. De Hipólito, Carmen Julia; Arevalo Dávila Vda. de Pujazón, Martha Leticia; Arroyo