Los hechos del caso se refieren a la desaparición forzada de 19 personas dedicadas a actividades comerciales en el municipio de Puerto Boyacá, cometida por el grupo paramilitar denominado Asociación de Campesinos y Ganaderos del Magdalena Medio (ACDEGAM), que ejercía el control de la región del Magdalena Medio con el apoyo de las fuerzas militares del Estado.

La Corte IDH desarrolló estándares sobre responsabilidad estatal por hechos cometidos por terceros, toda vez que se determinó que los grupos paramilitares actuaron con apoyo o tolerancia por parte del poder público. Asimismo, aplicó criterios anteriores sobre desaparición forzada y jurisdicción militar.