-45cualquier índole, y concretamente desde diversas instituciones, órganos y autoridades del gobierno nacional, se han condenado y repudiado algunos actos de violencia contra periodistas de Globovision, así como cualquier tipo de agresión de equipos periodísticos y sedes físicas de los diversos medios de comunicación; y de hecho se han adoptado las medidas acordes con [su] ordenamiento jurídico, para tratar de evitar cualquier clase de agresión en contra de los medios de comunicación social y de las personas que en ellos laboran”. El Estado señaló durante la audiencia pública que “el propio Presidente de la República, el Vicepresidente y el Defensor del Pueblo del Estado venezolano han condenado los hechos de violencia y han llamado a sus seguidores a respetar a los trabajadores de la comunicación social en Venezuela”. El Estado señaló además que “[el] Presidente ha sido muy claro en afirmar que su mensaje crítico sobre algunos medios de comunicación social no está dirigido a los periodistas y trabajadores de esos medios sino contra las posiciones políticas de sus propietarios”. 154. La Corte estima que, de los elementos aportados por el Estado para sustentar las afirmaciones anteriores107, no se desprende la existencia de llamados públicos “que dem[uestren una] profunda y enérgica condena […] desde las instancias del Poder Público, [con motivo de] los actos cometidos por particulares contra algunos trabajadores de la comunicación”. En el contexto de los hechos del presente caso, es posible considerar que la conducta apropiada de altas autoridades públicas frente a actos de agresión de periodistas, en razón de su rol de comunicadores en una sociedad democrática, hubiese sido la manifestación pública de reprobación de tales hechos. 155. Además de lo anterior, si bien es cierto que existe un riesgo intrínseco a la actividad periodística, las personas que trabajan para determinado medio de comunicación social pueden ver exacerbadas las situaciones de riesgo a las que normalmente se verían enfrentadas, si ese medio es objeto de discursos oficiales que puedan provocar o sugerir acciones o ser interpretados por funcionarios públicos o por sectores de la sociedad como instrucciones, instigaciones, o de cualquier forma autorizaciones o apoyos, para la comisión de actos que pongan en riesgo o vulneren la vida, seguridad personal u otros derechos de personas que ejercen labores periodísticas o de quienes ejercen su libertad de expresión. 156. La Corte considera que no se desprende del contenido de los referidos discursos o declaraciones que se haya autorizado, instigado, instruido u ordenado, o de algún modo promovido, actos de agresión o violencia contra las presuntas víctimas, por parte de órganos estatales, funcionarios públicos o grupos de personas o individuos específicos. Tampoco surge de tales declaraciones que aquellos funcionarios hayan asumido como actos propios, “justificado” o “considerado legítimas”, o siquiera apoyado o congratulado, acciones que pusieron en riesgo o que ocasionaron daños a las presuntas víctimas, luego de producidos los ataques en su contra108. 107 Cfr. videos identificados como “Declaraciones de funcionarios del Estado” (anexos a la contestación de la demanda marcados como “A.15 I” y “A.15 II”). 108 En el caso Diplomatic and Consular Staff in Tehran la Corte Internacional de Justicia observó que el entonces líder religioso de Irán, Ayatollah Khomeini, había hecho varias declaraciones públicas atribuyendo a los Estados Unidos de América la responsabilidad por los problemas de su país, lo que podía parecer un apoyo al resentimiento general de quienes apoyaban la revolución respecto de la admisión, por parte de los Estados Unidos, del antiguo Shah. Además la Corte observó que un vocero de los militantes que habían ocupado la Embajada de Estados Unidos en Teherán había hecho expresa referencia a un mensaje del Ayatollah llamando a los pupilos y estudiantes a atacar con toda su voluntad a los Estados Unidos y a Israel para que devolvieran al ex Shah y detuvieran la conspiración. Sin embargo, ese Tribunal estimó que “sería ir demasiado lejos interpretar tales declaraciones generales del Ayatollah hacia el pueblo o estudiantes de Irán como una autorización del Estado para llevar a cabo la operación específica de invadir y tomar la Embajada de los Estados Unidos. De hecho, interpretarlo así, entraría en conflicto con lo declarado por los propios militantes, quienes se habrían atribuido el crédito por haber planificado y ejecutado el plan de ocupar la Embajada. Además, las felicitaciones luego del evento, como las que se informó habría comunicado por teléfono el Ayatollah a los militantes la noche misma del ataque, así como