Los hechos del caso se relacionan con violaciones al debido proceso sufridas por las víctimas así como su posterior condena –en octubre de 1993- por el delito de violación agravada y su ejecución –por pelotón de fusilamiento- en septiembre de 1996 como consecuencia de la aplicación de la pena de muerte vigente en la legislación del país.

En su Sentencia, la CorteIDH consideró que la condena de pena de muerte impuesta a las victimas era incompatible con la protección al derecho a la vida, ya que la norma que la establecía impedía valorar las características específicas del delito, ni otras circunstancias que podían atenuar la sanción impuesta.

Adicionalmente, la Corte IDH evaluó el derecho al debido proceso, desarrollando en particular estándares sobre derecho a la defensa técnica.