Los hechos del caso se refieren a la transferencia de fondos bancarios de un grupo de ahorristas del Banco Montevideo S.A. al Trade and Comerce Bank, en las Islas Caimán, efectuada en el contexto de una crisis bancaria que afectó a Uruguay a fines del año 2001. Algunas entidades financieras tuvieron problemas de liquidez que provocaron la intervención estatal y su posterior liquidación.

Los reclamos de los ahorristas se canalizaban de acuerdo al procedimiento establecido en la Ley N° 17.613 regulatoria del sistema financiero y que establecía un procedimiento administrativo especial para la determinación de los derechos de ahorristas cuyos depósitos hubieran sido transferidos a otras instituciones “sin mediar su consentimiento”.

La Corte IDH estableció estándares sobre el alcance de las garantías procesales y el derecho a ser oídos en los procesos ante órganos administrativos.