INFORME Nº 02/01 *
CASO 11.280
JUAN CARLOS BAYARRI
ARGENTINA
19 de enero de 2001
I.

RESUMEN

1. El 5 de abril de 1994, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante la
“Comisión Interamericana”, la “Comisión” o “la CIDH”) recibió una petición del señor Juan Carlos
Bayarri (en adelante “el peticionario”), contra la República de Argentina (en adelante “el Estado” o
“Argentina”), por la presunta violación de los derechos a la integridad personal (artículo 5), a la
libertad personal (artículo 7), garantías judiciales (artículo 8) y protección judicial (artículo 25)
establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en lo sucesivo la
“Convención” o la “Convención Americana”) en su propio perjuicio.
2. El peticionario denunció que fue detenido arbitrariamente el 18 de noviembre de 1991 sin
orden judicial y fue sometido a torturas, bajo las cuales confesó ante la Policía haber participado
en el secuestro de varias personas. Al día siguiente, el Juez competente emitió órdenes de
detención y de allanamiento en su contra y se le inició un proceso penal por la comisión de varios
delitos, en el cual se ha tomado en cuenta la confesión realizada bajo torturas. El apoderado legal
del peticionario y su padre, Juan José Bayarri, denunciaron los hechos, por lo cual se inició una
causa por Privación Ilegítima de la Libertad y otra causa por Apremios Ilegales. Dichas causas se
han retrasado injustificadamente y aún no se ha dictado sentencia definitiva. Asimismo, el
peticionario alega que se encuentra detenido preventivamente por más de 8 años, a pesar de
haber solicitado en varias oportunidades la excarcelación, la cual ha sido rechazada
arbitrariamente por los tribunales.
3. El Estado solicitó a la CIDH que declarara inadmisible el caso por cuanto no se han agotado los
recursos internos relativos a la causa penal que se le sigue al señor Bayarri, cuyo retardo es
justificado. Las causas por Privación Ilegítima de la Libertad y por Apremios Ilegales en perjuicio
del peticionario se encuentran pendientes de decisión. Asimismo, señala que se justifica la
detención preventiva del peticionario por diversas razones y que éste no ha agotado los recursos
internos. El Estado también solicita que se declare inadmisible la petición porque los hechos no
caracterizan violaciones a la Convención.
4. Al examinar el presente caso la Comisión concluye que tiene competencia para conocerlo y que
los alegatos del peticionario relativos a las violaciones de los artículos 5, 7, 8 y 25 de la
Convención son admisibles de acuerdo a lo establecido en los artículos 46 y 47 de la Convención.
II.

TRÁMITE ANTE LA COMISIÓN

5. El 13 de abril de 1994, la Comisión transmitió la petición al Estado y éste presentó sus
observaciones en nota de 27 de septiembre de 1994. El 4 de noviembre de 1994 y el 18 de enero
de 1995, el peticionario remitió sus observaciones y el 2 de marzo de 1995, el Estado presentó su
respuesta. El peticionario presentó sus observaciones y otras pruebas documentales el 10 de
marzo, 23 de julio y 25 de noviembre de 1995. El Estado, en nota del 9 de febrero de 1996,
presentó sus informes a la Comisión. El peticionario envió información adicional el 18 de marzo,
13 de abril y 13 de julio de 1996; y 22 de enero de 1997.
6. El 21 de julio de 1998, la CIDH solicitó información específica tanto al Estado como al
peticionario con relación a las diferentes causas abiertas en el caso. El 15 de septiembre de 1998,

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