Los hechos del caso se refiere a las violaciones a la protección y garantías judiciales en perjuicio de un grupo de 192 trabajadores que fueron cesados del Congreso de la República en el marco del programa de “racionalización de personal” que fue implementado durante el gobierno de Alberto Fujimori.

La Sentencia de la CorteIDH evaluó las violaciones a las garantías judiciales como consecuencia de la demora prolongada en la resolución de los reclamos interpuestos por los trabajadores. Adicionalmente desarrollo estándares sobre el derecho al trabajo, en el marco de la protección convencional a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y la estabilidad laboral como componente del mismo concluyendo respecto de la arbitrariedad en el cese en el empleo de los trabajadores.