Los hechos del caso se refieren a la desaparición forzada de María Tiu Tojín y Josefa, su hija recién nacida, en manos de efectivos del Ejército guatemalteco y miembros de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC). La Sra. Tiu Tojín integraba la Comunidad de Población en Resistencia de Santa Clara, conocida como “la Sierra", en el Departamento del Quiché, y estaba vinculada al Consejo de Comunidades Étnicas Runujel Junam y al Comité Nacional de Viudas de Guatemala, organizaciones que impulsaban la no participación en las Patrullas de Autodefensa Civil durante el conflicto armado interno en el país.

La Corte IDH consideró los hechos del caso como parte de una práctica estatal ocurrida durante la época del conflicto armado interno y llevada a cabo por fuerzas de seguridad. En ella se capturaba a integrantes de movimientos insurgentes o personas identificadas como proclives a la insurgencia, se las retenía clandestinamente, sin dar aviso al juez, se los torturaba para obtener información e incluso, se les causaba la muerte.

El Estado realizó un reconocimiento total de responsabilidad por los hechos. La Corte IDH se pronunció sobre los alcances de éste, refiriéndose a la obligación de garantía y respeto de los derechos humanos en relación con la impunidad y la obligación de investigar. En consideración a este último punto, puso en evidencia el impacto diferenciado de la impunidad sobre los pueblos indígenas y los obstáculos sociales y culturales que enfrentar para acceder a una instancia judicial.