I. INTRODUCCIÓN 1. El 7 de septiembre de 2000 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión Interamericana”, “la Comisión” o “la CIDH”) recibió una petición presentada por el Centro para Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) (en adelante “la parte peticionaria”) en la cual se alega la responsabilidad internacional de la República de Guatemala (en adelante “el Estado”, “el Estado guatemalteco” o “Guatemala”) en perjuicio de ex trabajadores del Organismo Judicial por su supuesta destitución derivada del ejercicio del derecho de huelga. 2. La Comisión aprobó el informe de admisibilidad No. 78/03 el 22 de octubre de 2003 1. El 27 de octubre de 2003 la Comisión notificó dicho informe a las partes y se puso a su disposición a fin de llegar a una solución amistosa, sin que se dieran las condiciones para iniciar dicho procedimiento. Las partes contaron con los plazos reglamentarios para presentar sus observaciones adicionales sobre el fondo. Toda la información recibida fue debidamente trasladada entre las partes. II. POSICIONES DE LAS PARTES A. Parte peticionaria 3. La parte peticionaria indicó que en agosto de 1992 el Sindicato de Trabajadores del Organismo Judicial (en adelante “el STOJ” o “el sindicato”) y el Organismo Judicial (en adelante “el OJ”) suscribieron un “Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo”. Indicó que el pacto entró en vigencia en noviembre de 1992 y su duración fue de 2 años. Refirió que, transcurrido dicho plazo, el 18 de octubre de 1994 la parte peticionaria denunció ante la Inspección General de Trabajo el referido pacto, con el fin de negociar un nuevo instrumento de trabajo. 4. Argumentó que tras infructuosas negociaciones con el Organismo Judicial, para acordar el nuevo pacto colectivo, de conformidad con la ley, promovió un “conflicto de carácter económico y social” ante la Sala Primera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, el cual procede cuando las partes no han llegado a un acuerdo sobre los términos del pacto colectivo de condiciones de trabajo, y tiene por objeto que se discuta en la vía directa estableciendo un tiempo de 30 días de negociación. Dicho Tribunal declaró con lugar la solicitud, el 21 de noviembre de 1994. Además, la parte peticionaria expresó que con posterioridad, el Organismo Judicial representado por la Procuraduría General de la Nación planteó varias impugnaciones con el fin de impedir que se diera trámite al conflicto colectivo. 5. Refirió que el 28 de noviembre de 1995 la Sala Primera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social declaró agotada la vía directa y por lo tanto el 12 de diciembre de 1995 se constituyó un Tribunal de Conciliación, paso que exige la ley cuando la vía directa no tiene éxito. Indicó que el 14 de febrero de 1996 el Tribunal de Conciliación emitió recomendaciones a las partes, sugiriendo ciertas modificaciones al nuevo proyecto de pacto propuesto. 6. Expresó que el 15 de febrero de 1996 el Tribunal dio por concluido el proceso de conciliación, tomando en cuenta la falta de acuerdo de las partes para cumplir con las recomendaciones de propuestas por dicho tribunal. 7. Argumentó que el 16 de febrero de 1996 el Sindicato presentó un memorial en la Sala Primera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social para que se ordenará a la Inspección General de Trabajo que procediera a determinar, mediante conteo, si los trabajadores que plantearon el conflicto laboral constituían por lo menos las dos terceras partes del Organismo Judicial, y por ende poder declarar la legalidad de una huelga como lo exigía el Código de Trabajo. CIDH. Informe No. 78/03. Petición 0453/00. Ex Trabajadores del Organismo Judicial, Guatemala. 22 de octubre de 2003. En dicho informe la Comisión declaró admisible la petición en relación con los artículos 8, 16, 24, 25, 1(1) y 2 de la Convención Americana. 1

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