a un paciente epiléptico, deteriorado por reiteradas crisis sin medicación y bajo los efectos de psicofármacos. La figura de desaparición forzada de persona no presume ningún dolo precedente a lo que haya sucedido a la víctima ni tampoco respecto de cualquier mal eventual que hubiese sufrido ésta, que es precisamente lo que se desconoce, sino que la objetividad típica se completa subjetivamente con el dolo de omitir revelar la suerte o paradero a la víctima, es decir la voluntad dirigida a sostener en el tiempo la incerteza acerca del destino o paradero de la persona. En el caso, existen serios indicios de que alguno de los funcionarios lo sabe y omite dolosamente hasta el presente la revelación de lo sucedido, por lo que corresponde que el Estado investigue esa hipótesis que no investigó, demostrando al menos una extrema negligencia, debiendo hacerlo ahora, pese al tiempo transcurrido y a la inevitable dispersión de pruebas que eso conlleva. II. En razón de lo anterior, la desaparición forzada no es un delito instantáneo, sino permanente o continuo, es decir que tiene un estado consumativo que, tratándose de una omisión, comienza en el momento en que surge el deber de actuar del sujeto activo, o sea, el deber de dar cuenta del paradero o destino de la persona, y se extingue en el momento en que se tiene conocimiento de eso. Hasta que no se produzca este último efecto no comienza a correr la prescripción de la acción penal por el delito de desaparición forzada, de modo que, en el presente caso, el Estado tiene la obligación de investigar y en su caso procesar y penar a sus autores. Incluso en los casos en que con mucha posterioridad al momento de la desaparición se encuentran datos que permiten probar la muerte de la víctima, lo que eventualmente estaría prescripto sería el posible delito de homicidio, salvo que disposiciones de derecho internacional o nacional dispongan su imprescriptibilidad, pero no el de desaparición forzada, porque a su respecto la prescripción de la acción penal 6