2.
La Comisión, en su escrito de sometimiento del caso, ofreció un dictamen pericial. Los
representantes, en su escrito de solicitudes y argumentos, ofrecieron la declaración de una de
las presuntas víctimas, 23 declaraciones testimoniales y tres peritajes. El Estado, en su escrito
de contestación, ofreció las declaraciones de cuatro testigos y dos peritajes.
3.
La Comisión, al presentar su lista definitiva de declarantes, reiteró el ofrecimiento de la
prueba pericial referida al someter el caso ante la Corte, y solicitó que el peritaje fuera recibido
en audiencia pública. Asimismo, en la oportunidad de presentar observaciones a las listas
definitivas de declarantes, con base en los artículos 50.5 y 52.3 del Reglamento, solicitó
autorización para formular preguntas al señor Jorge Alejandro Amaya, perito propuesto por
el Estado.
4.
Los representantes, al presentar su lista definitiva de declarantes, reiteraron el
ofrecimiento de la declaración del señor Bonifacio Ríos Avalos y los tres peritajes. En cuanto
a las declaraciones testimoniales, confirmaron su ofrecimiento respecto de 17 testigos. En la
misma oportunidad solicitaron que la declaración de la presunta víctima y tres declaraciones
testimoniales fueran recibidas “de manera presencial”; las declaraciones de otros seis testigos
y los peritajes, “[p]or medio virtual en la audiencia pública”, y las restantes ocho declaraciones
testimoniales, “por medio notarial”. En virtud de no haber confirmado las declaraciones de
seis testigos inicialmente ofrecidas en el escrito de solicitudes y argumentos, se concluye que
los representantes desistieron tácitamente de dicha prueba 2.
5.
El Estado paraguayo, al presentar su lista definitiva de declarantes, reiteró el
ofrecimiento de tres declaraciones testimoniales y dos peritajes. Al respecto, solicitó que la
declaración de un testigo y un dictamen pericial fueran rendidos en audiencia pública, y el
resto de las declaraciones, ante fedatario público (affidávit). Al formular sus observaciones a
la lista de declarantes de los representantes, alegó que estos últimos propusieron que distintos
testigos “declaren sobre hechos similares, básicamente, el contexto”; ante lo cual solicitó que
“[p]or razones de economía procesal […] sean aceptad[a]s [las declaraciones] más relevantes
en número razonable”. De igual forma, Paraguay recusó al perito Jorge Enrique Bogarín
González, propuesto por los representantes. Por último, presentó observaciones a la
declaración del señor Luis Lezcano Claude, propuesto por los representantes, y requirió que
“se tenga en cuenta un adecuado equilibrio” de la cantidad de declaraciones que serán
recibidas en audiencia pública. Cabe agregar que al no haber confirmado una declaración
testimonial ofrecida en el escrito de contestación, se colige que el Estado desistió tácitamente
de esta3.
6.
Por otra parte, la Presidenta advierte que la situación originada a causa de la pandemia
por la propagación del COVID-19, cuyos efectos son de público conocimiento y persisten en
la actualidad, implica obstáculos notorios para llevar a cabo una audiencia pública en la sede
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte Interamericana”, “la
Corte” o “el Tribunal”). En tal sentido, resulta incierto el momento en que dichos obstáculos,
que constituyen razones de fuerza mayor, puedan ser superados. En virtud de lo anterior, la
Presidenta ha decidido, en consulta con el Pleno de la Corte, que es necesario convocar a una
audiencia pública durante la cual se recibirán las declaraciones ofrecidas, así como los alegatos
y observaciones finales orales, por medio de una plataforma de videoconferencia 4.
Se trata de las declaraciones de Edgar Bonifacio Ríos Parquet, Shirley Rossana Ríos Parquet, José Carlos Ríos
Parquet, Teresa Ríos de Bruno, María de Jesús Basualdo y Linda Ríos Montania.
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3

Se trata de la declaración de Olga Ferreira de López.

Cfr. Caso Guachalá Chimbó y otros Vs. Ecuador. Resolución de la Presidenta de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos de 9 de octubre de 2020, Considerandos 5 y 6, y Caso Vera Rojas y otros Vs. Chile. Resolución
de la Presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 4 de diciembre de 2020, Considerandos 6 y 7.
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