2

CIDH acordó asimismo que el expediente No. 11.769-B se refería en lo sucesivo a los hechos
denunciados en la petición que originó el caso No. 11.769, concerniente a los sucesos ocurridos en la
prisión Castro Castro, de Lima, en mayo de 1992. Este caso fue acumulado al caso No. 11.015 para su
tramitación en forma conjunta, y fue elevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 13 de
agosto de 2004 y resuelto mediante sentencia del referido Tribunal en el caso del Penal Miguel Castro
Castro el 25 de noviembre de 2006.
5.
El 4 de enero de 2008, la CIDH acusó recibo de una solicitud de medidas cautelares a
favor de la señora J., luego de que fuera arrestada en Alemania en virtud de una solicitud de INTERPOL
Lima con motivos de extradición y futuro juzgamiento en el Perú. Los días 7 y 9 de enero de 2008, la
peticionaria presentó información adicional, respecto a dicho proceso. Tras una solicitud de información
al Estado – cuya respuesta fue recibida el 6 de febrero de 2008 – el 5 de mayo de 2008 la CIDH informó
a la solicitante que no existían bases para invocar el mecanismo de medidas cautelares.
6.
El trámite desde la presentación de la petición hasta la decisión sobre admisibilidad se
2
encuentra explicado en detalle en el informe de admisibilidad emitido el 14 de marzo de 2008 .
7.
En dicho informe la CIDH declaró la admisibilidad de la petición en cuanto a la posible
violación de los derechos consagrados en los artículos 5, 7, 8, 9, 11 y 25 de la Convención Americana en
relación con las obligaciones establecidas en los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento. Asimismo, la
CIDH indicó que en la etapa de fondo se pronunciaría sobre la posible violación de los artículos 1, 6 y 8
3
4
de la CIPST , así como del artículo 7 de la Convención de Belem do Pará . Respecto de esta última
norma, en su informe de admisibilidad la CIDH indicó que “tiene competencia en razón del tiempo dado
que el reclamo se refiere a posibles hechos de violencia sexual, cuyos responsables no habrían sido
5
investigados, juzgados y sancionados hasta el momento de elaboración del presente informe” .
8.
El 5 de mayo de 2008 la Comisión notificó a las partes el referido informe y en virtud del
artículo 38.1 del Reglamento entonces vigente, fijó un plazo de dos meses para que la peticionaria
presentara sus observaciones adicionales sobre el fondo.
9.
El 7 de julio de 2008 la peticionaria remitió sus observaciones adicionales sobre el fondo,
las cuales fueron trasladadas al Estado de Perú el 30 de julio de 2008 solicitándole que de conformidad
con el artículo 38.1 del Reglamento entonces vigente, presentara su respuesta. El 8 de octubre de 2008
el Estado solicitó una prórroga que fue otorgada por la CIDH mediante comunicación de 27 de octubre
de 2008. El 4 de diciembre de 2008 el Estado presentó sus observaciones.
10.
En fechas 10 y 17 de febrero, 9 de junio y 16 de diciembre de 2009, así como el 22 de
enero, 25 de mayo y 28 de septiembre de 2010, la peticionaria presentó comunicaciones adicionales.
III.

POSICIONES DE LAS PARTES

A.

La peticionaria

11.
En la etapa de fondo la peticionaria continuó argumentando la responsabilidad del
Estado peruano por la violación de los derechos protegidos por los artículos 5, 7, 8, 9, 11, y 25 de la
Convención Americana, en relación con la obligación general de respeto y garantía establecida en el
artículo 1.1 del mismo instrumento internacional, por los hechos cometidos en el marco de la detención y
el proceso penal instaurado en su contra desde abril de 1992 por delitos de terrorismo.

2

CIDH, Informe No. 27/08 (admisibilidad), Caso 11.769-A, Perú, 14 de marzo de 2008, párrs. 5-18.

3

El Estado de Perú ratificó la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura el 28 de marzo de 1991.

4

El Estado de Perú ratificó la Convención de Belem do Pará el 4 de junio de 1996.

5

CIDH, Informe No. 27/08 (admisibilidad), Caso 11.769-A, Perú, 14 de marzo de 2008, párr. 52.

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