-25. A ese significativo obiter dictum, se puede agregar la consideración de la Corte, en su ya célebre Opinión Consultiva n. 16, sobre El Derecho a la Información sobre la Asistencia Consular en el Marco de las Garantías del Debido Proceso Legal (del 01.10.1999), en el sentido de que "En opinión de esta Corte, para que exista 'debido proceso legal' es preciso que un justiciable pueda hacer valer sus derechos y defender sus intereses en forma efectiva y en condiciones de igualdad procesal con otros justiciables" (párr. 117). La Corte, una vez más, tomó en conjunto el derecho a un recurso efectivo y las garantías del debido proceso legal (artículos 25 y 8 de la Convención). En este particular, la Corte debía, a mi juicio, en el presente caso Acevedo Jaramillo y Otros versus Perú, haber sido más consistente con su jurisprudencia más lúcida y garantista al respecto. 6. En ese entendimiento, la violación establecida por la Corte en el cas d'espèce del artículo 25 de la Convención Americana, tiene, a mi modo de ver, incidencia directa en las garantías del debido proceso del artículo 8(1) de la Convención Americana. Es este un caso claro de denegación de justicia, bajo los artículos 25 y 8(1) de la Convención Americana. La denegación de justicia puede presentarse de modo multiforme sin dejar de caracterizarse como tal, - como señalé en estudios al respecto publicados en fines de la década de setenta (cf. A.A. Cançado Trindade, "Denial of Justice and Its Relationship to Exhaustion of Local Remedies in International Law, 53 Philippine Law Journal - University of the Philippines (1978), n. 4, pp. 404-420; A.A. Cançado Trindade, "A Denegação de Justiça no Direito Internacional: Doutrina, Jurisprudência, Prática dos Estados”, 62 Revista de Informação Legislativa do Senado Federal - Brasília (1979) pp. 23-40). A mi juicio, en toda probabilidad, cuando se viola el artículo 25 de la Convención Americana no se habrá dado cabal cumplimiento a las garantías judiciales del artículo 8 de la Convención Americana. Es ésta la hermenéutica que me parece conllevar a la mayor protección. 7. El debido proceso implica que, una vez determinado el derecho mediante una decisión final de la autoridad judicial o tribunal (nacional) competente, esa decisión se haga efectiva mediante su fiel ejecución. Lo contrario haría nugatorio el derecho declarado, como claramente aconteció en el presente caso Acevedo Jaramillo y Otros versus Perú, en que, durante muchos años, el Estado demandado no dio cumplimiento efectivo a las sentencias de amparo favorables a las víctimas. Esta violación debe tener consecuencias en la determinación de las reparaciones a partir del inicio de los hechos lesivos a los derechos de las víctimas. Antônio Augusto Cançado Trindade Juez Pablo Saavedra Alessandri Secretario