fallo de referencia dispone (…) que el Consejo de la Magistratura no podrá excluir de las
ternas de candidatos al Magistrado que se presentare a concursar pretendiendo su
confirmación en el cargo (…) en ningún artículo de la Constitución se establece que el
Consejo de la Magistratura debe incluir en las ternas a los jueces que se presentan para la
confirmación. Es más, en la Constitución se estableció un procedimiento que expresamente
obliga a concursar a los jueces por lo menos dos veces más, a partir de su designación, para
alcanzar la inamovilidad en el cargo.
(…) 4. Interferencia en el ejercicio de funciones constitucionales de la Cámara de Diputados.
(…) El 24 de abril de 2002 se comunicó a la Cámara de Diputados que la Sala Constitucional
de la Corte Suprema de Justicia había resuelto en el expediente “Acción de
inconstitucionalidad contra la Resolución No. 864/2002 de la Honorable Cámara de
Diputados: “Que Cita e Interpela al Director paraguayo de la Entidad Binacional Yacyretá
Arquitecto Walter Reiser, Dictar el A.I. No 487 de fecha 24 de abril de 2002 por el que se
disponía: “la suspensión de efectos de la Resolución No 864/2002…”. De esta manera, los
ministros de la Sala Constitucional, interferían en el ejercicio de una función atribuida a las
cámaras del Congreso por la propia Constitución (…) lo más grave es que la decisión se
adoptó sin un solo fundamento (…)
(…) 5. Incumplimiento de plazos procesales con grave perjuicio al funcionamiento de la
administración pública. Varios casos importantes corren el riesgo de caducar por la
morosidad judicial y la lentitud con la que se tramitan los expedientes. El proceso al ex
Contralor General de la República Daniel Fretes Ventre, acusado de graves hechos de
corrupción, estuvo retenido en la Sala Constitucional durante varios meses por citar un
ejemplo. El ejemplo más grave de las nefastas consecuencias de esta conducta negligente e
irresponsable es el escándalo legal que se genera debido al retraso en la resolución de varias
acciones de inconstitucionalidad contra la Ley 1626 de la Función Pública (…)
(…) 7. Atribución de potestades constitucionales expresamente reservadas al Poder
Legislativo, con grave afectación del equilibrio de poderes consagrado en el artículo 3 de la
Constitución y que constituye el hecho punible de “atentado contra el orden constitucional”.
La Corte Suprema de Justicia en pleno (…)a través del Acuerdo y sentencia número 979 del
18 de septiembre de 2002, resolvió (…) hacer lugar, a la acción de inconstitucionalidad
promovida por el Fiscal General del Estado contra el art.5 de la ley no. 1444/99 “De
Transición”, con el alcance previsto en el artículo 137 última parte de la Constitución
Nacional (…) la Corte Suprema de Justicia defeccionó respecto a los mandatos expresos y
taxativos de la Constitución Nacional, invadiendo (por desconocimiento manifiesto de la ley
o por omisión dolosa) la esfera precisa y expresa de otro de los poderes constituidos, más
precisamente arrogándose atribuciones legislativas que competen exclusivamente al
Congreso Nacional (…)
(…) 14. Caso Mundy Recepciones o de las “Croquetas de Oro. La Sala Constitucional de la
Corte Suprema de Justicia (…) ha dictado en fecha 28 de febrero de 2002 el Acuerdo y
Sentencia Número 62 que resolviera rechazar la Acción de Inconstitucionalidad presentada
por la ITAIPU Binacional contra la S.D no. 305 del 9 de abril de 2001 (…) y contra el Acuerdo
y Sentencia No. 101 del 9 de agosto del mismo año (…) que, en consecuencia ,condenara a la
ITAIPU BINACIONAL a abonar la suma de GUARANÍES DIEZ MIL QUINIENTOS NOVENTA Y
SIETE MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO (…)
teniendo en cuenta la notoria celeridad con la cual fue evacuada la citada cuestión, surgen
graves indicios de parcialidad en el juzgamiento, más aun considerando que uno de los
abogados de la parte actora en el citado juicio era nada más y nada menos que el hermano
del ministro Carlos Fernández Gadea. Más allá de la ligereza que podría constituir mal
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