47 otros”. Por ello, solicitó a la Corte que declare que el Estado violó el artículo 5.1 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de los familiares de la señora Fernández Ortega. 140. Los representantes indicaron que la violación sexual causó “un profundo sufrimiento en los miembros de su familia, el cual se ha visto agravado y ha permanecido a lo largo de los años por la impunidad del caso. Su esposo, hijos, madre y hermanos han sido víctimas de graves daños emocionales que no han podido superar”. En cuanto al señor Prisciliano Sierra, los hechos le han causado sentimientos de impotencia, frustración y angustia por no haber podido proteger a su esposa y por la posibilidad de otro ataque a su familia por parte de los militares. También le ha causado un perjuicio a su papel dentro de la comunidad por mantener un vínculo con una mujer que “era de otro hombre”, por lo cual “[l]a honra [del señor Prisciliano Sierra] se vio severamente afectada, pues se sintió incapaz de proteger a su esposa bajo el rol que socialmente le ha sido asignado” y, además, la violación sexual genera un profundo estigma cultural sobre las mujeres, el cual afectó gravemente su reputación y la de su esposa. Por el sufrimiento vivido, el señor Prisciliano Sierra recurrió a la bebida y se hizo más violento con su esposa, afectando su relación de pareja. Por otra parte, los hijos de la señora Fernández Ortega quienes presenciaron a una corta edad el ataque hacia su madre sufrieron un “profundo sufrimiento y angustia”, además padecieron el rechazo y el señalamiento en su comunidad y crecieron en un ambiente de violencia en contra de su madre a raíz de los problemas que generó la violación sexual en la pareja. En sus alegatos finales escritos, los representantes con base en los mismos hechos solicitaron, además, que se declare la violación del artículo 19 de la Convención Americana respecto de los hijos de la señora Fernández Ortega. 141. Adicionalmente, los representantes señalaron que ha sido violado el derecho a la integridad personal de la madre y los hermanos de la señora Fernández Ortega por los diversos sufrimientos derivados de la violación sexual sufrida por esta última, así como por la impunidad en que se encuentran los hechos. Respecto de los hermanos, precisaron que el señor Lorenzo Fernández Ortega tenía una relación muy cercana a la víctima y “por su rol en la denuncia del caso fue objeto de distintos actos de amenaza y hostigamiento[,] el más grave ocurrió el 9 de febrero de 2008, cuando fue cruelmente torturado hasta ser asesinado”. Por otra parte, el señor Ocotlán Fernández Ortega, si bien era muy pequeño cuando ocurrieron los hechos, luego se vinculó a la OPIM para denunciar y buscar justicia en el caso de su hermana y de otras mujeres, lo cual le ha generado ser víctima de seguimientos y hostigamientos, que provocaron que haya tenido que abandonar su comunidad ante el temor de que se materialicen. Por su parte, la madre ha sufrido por estas múltiples amenazas e intimidaciones contra sus hijos. Además del dolor por lo ocurrido a su hija, dado que vive en una zona lejana no pudo estar cerca de ella cuando ocurrieron los hechos, se sumó que la señora Fernández Ortega dejó de visitarla por un tiempo por miedo a que le pasara algo debido a la presencia de militares en la zona. Por último, la madre de la señora Fernández Ortega, en ocasiones, debió hacerse cargo de los hijos de esta última para que pudiera llevar a cabo las gestiones en busca de justicia. Por todo lo anterior, los representantes solicitaron al Tribunal que declare violación de los derechos a la integridad personal y a la honra y a la dignidad, consagrados en los artículos 5 y 11 de la Convención, en perjuicio de los familiares de la señora Fernández Ortega. 142. El Estado lamentó las consecuencias que genera una violación sexual en los familiares cercanos; sin embargo, entre otros argumentos, sostuvo que no se acreditó el delito ni sus responsables y, en consecuencia, no puede reconocer ni aceptar que los