95 pecuniario que tengan un nexo causal con los hechos del caso”264. 282. La Comisión consideró que la Corte, en aplicación de los criterios de equidad que siempre han informado sus decisiones en materia de reparaciones y de conformidad con su jurisprudencia, debe establecer las compensaciones que corresponden a las víctimas del presente caso. 283. Los representantes señalaron que en el año 2009, una parcela propiedad de la señora Fernández Ortega y de su esposo, en donde cultivaban productos agrícolas para el consumo personal y para la venta “fue dañada presumiblemente por militares como una forma de intimidación por la denuncia del caso”. Los “daños ocasionados presuntamente por los militares a la parcela arruinaron la cosecha entera de ese año”. Adicionalmente, brindaron detalles de la parcela y estimaron el valor de su producción anual en aproximadamente US$ 5.500,00 (cinco mil quinientos dólares de los Estados Unidos de América). Por lo anterior, los representantes solicitaron a la Corte que fije en equidad la cantidad de dinero suficiente para reembolsar el daño ocasionado. 284. El Tribunal advierte que la alegada pérdida de la cosecha se refiere a hechos que no han sido analizados en la presente Sentencia, sino que se refieren a hechos en análisis en el procedimiento de medidas provisionales del presente caso (supra párrs. 212 y 213). En efecto, se trata de hechos que no se encuentran probados en el presente caso contencioso y que incluso, los representantes se refieren al mismo de manera conjetural, por lo que no corresponde otorgar una medida de reparación al respecto. 285. Por otra parte, los representantes manifestaron que como consecuencia directa de la violación, en virtud de la estigmatización y discriminación sufridas en su comunidad, y por el temor fundado a sufrir un nuevo acto de agresión por parte de los militares, la señora Fernández Ortega se mantuvo aislada de su comunidad y evitó salir de su domicilio, “haciéndolo sólo para promover la búsqueda de justicia en su caso”. Por lo anterior, la víctima dejó de desarrollar la actividad de cultivo y venta de productos durante aproximadamente un año. En vista de que, según alegaron, el valor anual de sus cosechas es de aproximadamente US$ 5.468,00 (cinco mil cuatrocientos sesenta y ocho dólares de los Estados Unidos de América) y que, sin embargo, no tienen la posibilidad de hacer llegar a la Corte comprobantes que acrediten esta suma, solicitaron al Tribunal que fije en equidad una cantidad que cubra la pérdida de ingresos. 286. El Tribunal observa que los representantes no presentaron documentación que acreditara las ganancias devengadas por la señora Fernández Ortega. No obstante, dado que tanto la señora Fernández Ortega como su esposo trabajan en la cosecha de su parcela y ambos debieron descuidar sus tareas por los hechos del caso 265 , el 264 Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala. Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de febrero de 2002. Serie C No. 91, párr. 43; Caso Chitay Nech y otros, supra nota 18, párr. 261, y Caso Manuel Cepeda Vargas, supra nota 18, párr. 242. 265 La señora Fernández Ortega declaró que en su búsqueda de justicia, ella y su esposo “descuida[ron] la parcela y los animales”, y que ya no salía “a trabajar al campo por temor a […] los militares, y por vergüenza también”, agregando que tampoco su esposo “salió a trabajar, de modo que no sembra[ron] ni cuida[ron sus] animales”, declaración rendida ante fedatario público por la señora Fernández Ortega supra nota 62, folios 1486 y 1488. Por su parte, el señor Prisciliano Sierra señaló que “después de la violación [su esposa] dejó de trabajar en la parcela como un año" y que él “descuid[ó] el terreno y también a los animales”, declaración rendida ante fedatario público por el señor Prisciliano Sierra, supra nota 66, folio 968. Finalmente, la perita Correa González indicó que “[e]l tiempo y esfuerzo dedicado para recurrir a diversas instancias gubernamentales, estatales e internacionales le ha dejado costos económicos a [la señora