42. La norma para evaluar los requisitos de admisibilidad es distinta de la aplicada para decidir
sobre el fondo de una petición. La Comisión tiene que realizar una evaluaciónprima facie, no
para determinar la existencia de una violación, sino para decidir si en la petición se afirman
hechos que tiendan a establecer una posible o aparente violación de un derecho garantizado
por la Convención. Se trata de un análisis somero que no implica prejuzgar ni adelantar
opinión sobre el fondo de la petición. Estableciendo dos etapas claramente separadas –una de
admisibilidad y otra de fondo- el propio Reglamento de la Comisión refleja la distinción entre la
evaluación que debe hacerse para declarar la admisibilidad y la requerida para determinar una
violación.
43. En la petición se alega la violación del artículo 8 de la Convención Americana; los detalles
se resumen en la parte III(A). El Estado no aportó observación ni información alguna sobre las
violaciones alegadas por el Sr. Cadogan. La Comisión desea recordar que, de acuerdo con el
artículo 46(1) de la Convención y el artículo 28 de su Reglamento, la petición sólo debe
presentar hechos o una situación que apunte a una posible violación de derechos consagrados
en la Convención; no tiene que indicar los artículos específicos que considera que fueron
violados 15.
44. De acuerdo con esta norma, aplicando el principio de iura novit curia 16 y en conformidad
con la posición adoptada anteriormente por la Comisión y la Corte Interamericana sobre
materias que involucran la pena de muerte, la Comisión considera también que la imposición
de dicha pena al Sr. Cadogan constituiría una posible violación de los artículos 4(1), 4(2), 5(1),
5(2) y 1(1) y 2 de la Convención Americana 17.
45. Sobre la base de la información suministrada por los peticionarios, y sin prejuzgar sobre el
fondo del asunto, la Comisión concluye que la petición contiene alegaciones de hecho que, de
probarse, tienden a establecer la violación de los derechos garantizados en el artículo 8 de la
Convención Americana, así como de los artículos 4(1), 4(2), 5(1), 5(2), en relación con las
obligaciones que imponen al Estado los artículos 1(1) y 2 del mismo instrumento. En
consecuencia, la Comisión concluye que las denuncias de los peticionarios no están exentas de
consideración según el artículo 47(b) o (c) de la Convención, ni el artículo 34 de su
Reglamento.
V.
CONCLUSIONES
46. Habiendo examinado la presente petición, la Comisión concluye que es competente para
considerarla y que la misma es admisible, teniendo en cuenta las denuncias formuladas en
relación con artículo 8. De acuerdo con el principio de iura novit curia, y habida cuenta de la
jurisprudencia sobre la aplicación de una pena de muerte obligatoria, la Comisión, en la etapa
de fondo, analizará la posible aplicación de los artículos 4(1), 4(2), 5(1), 5(2), en relación con
los artículos 1(1) y 2 de la Convención Americana, respecto de la condena del peticionario a
15
CIDH, Caso 11.812, Gabriel Lastra Pedrero (México), Informe No. 24/99, Informe Anual de la CIDH 1998 § 22;
Corte I.D.H., Caso de Hilaire, Constantine y Benjamin y otros. Objeciones Preliminares. Sentencia de 1 de septiembre
de 2001, Ser. C Nº 82 (2001) § 39-42
16
Corte I.D.H., Caso Godínez Cruz. Sentencia de 20 de enero de 1989. Serie C No. 5 (1989) § 172. Cf. Corte I.D.H.,
Caso Durand y Ugarte. Sentencia de 16 de agosto de 2000. Serie C No. 68 (2000) § 76; y Corte I.D.H., Caso Castillo
Petruzzi y otros. Sentencia de 30 de mayo de 1999. Serie C No. 52 (1999) § 166; Corte I.D.H., Hilaire, Constantine,
Benjamin y otros, nota supra 20 párr. 107.
17
La práctica anterior de la Comisión respecto de la pena de muerte obligatoria incluía establecer la violación de los
artículos 4(1), 5(1), 5(2), 8(1) en relación con el artículo 1(1) de la Convención. Cf. Caso Hilaire, Constantine y
Benjamin y otros, nota supra 20 § 88; Véase también Corte I.D.H., Caso Boyce y otros, nota supra 11 § 47; Corte
I.D.H.,Caso Raxcacó Reyes. Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie C No. 133 § 91e); CIDH, Caso No. 12.023,
Desmond McKenzie y otros (Jamaica), Informe No. 41/00, Informe Anual de la IACHR 1999, véase § 3, 204-206, 209
y 211; CIDH, Caso 11.743, Rudolph Baptiste (Grenada), Informe No. 38/00, Informe Anual de la CIDH 2000 § 126128; CIDH, Caso 12.275, Aitken (Jamaica), Informe No. 58/02, Informe Anual de la CIDH 2002 § 109; Corte I.D.H.,
Caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros, nota supra 20 §101-108 y 211; Caso Raxcacó Reyes. Sentencia de 15 de
septiembre de 2005. Serie C No. 133.
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