Los hechos del caso se refieren a la ejecución extrajudicial y varias desapariciones forzadas –que incluyeron algunos niños - ocurridas con participación de agentes estatales entre junio y diciembre de 1996 en La Vereda La Esperanza en la región del Magdalena Medio –zona de gran importancia estratégica y económica-, en el sur oriente del Departamento de Antioquia.

La CorteIDH en su Sentencia aplicó estándares relacionados con desapariciones forzadas analizando, de manera puntual, la responsabilidad estatal en relación con el actuar de terceros particulares e identificando –a tal efecto- una modalidad de cooperación entre fuerzas militares ubicadas en la zona y grupos paramilitares. También se abordaron cuestiones vinculadas con la obligación estatal de garantizar protección a las personas participantes en el proceso y el derecho a la verdad de los familiares de las víctimas de desaparición forzada.

Asimismo, fueron analizadas las consecuencias de los allanamientos en términos de violaciones al derecho a la privacidad y la propiedad.