La solicitud de protección se relaciona con la falta de entrega por parte el Estado de Honduras de los restos mortales –exhumados el 24 de agosto de 2004– de Juan Humberto Sánchez a sus familiares. La CorteIDH desestimó el otorgamiento de las medidas por considerar que los hechos planteados atañen a la supervisión del cumplimiento de la Sentencia sobre Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones del 7 de junio de 2003, dictada en el caso.