recusación que recae sobre cada uno de los Jueces y la Jueza recusados, lo que hacen por
medio de la presente Resolución.
B. Análisis de los motivos que dan lugar a la recusación planteada por el Estado
6.
En el escrito de 16 de marzo de 2021, el Estado alegó que los Jueces y la Jueza
recusados “adoptaron comportamientos, específicamente, a través de preguntas y
afirmaciones, que generaron dudas razonables sobre su imparcialidad”. En aras de ilustrar tal
afirmación, procedió a recoger algunas de las preguntas y comentarios efectuados por los
Jueces y la Jueza recusados, indicando que los mismos conformaban una “intervención
claramente sugestiva frente a la responsabilidad del Estado”, “prejuzga[ban] la
responsabilidad del Estado”, reflejaron “posiciones estigmatizantes” contra el Estado”,
“introdujeron elementos que presuponen y agravan la responsabilidad del Estado y, en
particular, la sistematicidad de las violaciones”, o denotaron una “intención inequívoca de
extender el objeto del litigio a asuntos no comprendidos en el Informe de Fondo”. En lo que
respecta a la intervención de la Presidenta, Jueza Elizabeth Odio Benito, el Estado indicó que,
si bien “no se opone a que los jueces hagan manifestaciones empáticas a favor de las
presuntas víctimas”, la imparcialidad de la Presidenta se habría puesto en tela de juicio debido
al hecho de que sus manifestaciones se realizaron “después de permitir y avalar las
irregularidades cometidas por otros Jueces de la H. Corte IDH”, lo cual vendría a “sug[erir
una actitud de preferencia hacia la presunta víctima”.
7.
En respuesta a lo manifestado por el Estado, la Presidenta de la Corte, Jueza
Elizabeth Odio Benito, indicó que rechaza las manifestaciones efectuadas por el Estado,
consideró que las mismas carecían de fundamento y, además, no configuraban ningún
supuesto de hecho que pudiera poner en duda la imparcialidad de la juzgadora o de los
restantes jueces. Agregó que la Presidencia es la encargada de dirigir el debate durante la
audiencia y, no por eso, puede censurar o restringir a los jueces en el uso de la palabra o en
sus expresiones.
8.
Por su parte, el Vicepresidente de la Corte, Juez Patricio Pazmiño Freire, consideró,
en primer lugar, que la figura de la ‘‘recusación’’ no tiene sustento convencional, estatutario
o reglamentario. Asimismo, en relación con su alegada falta de imparcialidad por su actuación
durante la audiencia, enfatizó que “la labor de interrogar a los y las declarantes es una
actividad propia de la función jurisdiccional, por lo que su ejercicio no atenta contra la
imparcialidad”. Señaló además que, durante su interrogatorio, “no hizo declaraciones
específicas sobre el caso, ni juicios de valor, tampoco prejuzgó la situación, ni arribó a
conclusiones de hecho ni de derecho”. Por otro lado, destacó que, en casos en los que se
alegue violencia sexual en contra de una mujer, “la empatía con la presunta víctima y la
formulación de un interrogatorio que sea cómodo, seguro y que brinde confianza, así como la
eliminación de espacios de revictimización, son obligaciones concretas de los jueces y juezas”.
Por tanto, “no se puede considerar que la utilización de una adecuada perspectiva de género
en el juzgamiento es contraria al principio de imparcialidad”. En lo que respecta a los
supuestos que podrían llevar a configurar la necesidad de adopción de medidas provisionales,
el Juez Pazmiño consideró que “es posible que durante una audiencia pública se presente
información por parte de una presunta víctima sobre supuestos hostigamientos u amenazas,
que, en determinados casos, podrían llegar a evidenciar extrema gravedad y urgencia, así
como peligro de daños irreparables” y que “el recabar información de manera oral al respecto
en el marco de una audiencia no significa prejuzgar, ni tampoco es contrario a las prácticas
del Tribunal o a sus normas convencionales”. Es más, incluso si se adoptaran las medidas
provisionales, “éstas en ningún caso suponen un prejuzgamiento sobre la responsabilidad
internacional del Estado”. En lo que refiere a la presunta falta de imparcialidad de la Presidenta
por la falta de interrupción o intervención ante el interrogatorio del Juez Pazmiño a la presunta
víctima, consideró que, si bien la Presidenta, conforme las disposiciones reglamentarias y
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