2
1.
El 31 de julio de 2002 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en
adelante “la Comisión” o “la Comisión Interamericana”) sometió ante la Corte
Interamericana una demanda contra el Estado de Guatemala (en adelante “el
Estado” o “Guatemala”), la cual se originó en la denuncia No. 11.763, recibida en la
Secretaría de la Comisión el 25 de octubre de 1996.
2.
La Comisión presentó la demanda con base en el artículo 61 de la Convención
Americana, con el fin de que la Corte “declar[ara] internacionalmente responsable al
Estado […] por las violaciones a los derechos a la integridad personal, protección
judicial, garantías judiciales, […] a la igualdad ante la ley, a la libertad de conciencia
y religión y […] a la propiedad privada, en relación con la obligación de respetar los
derechos, todos estos consagrados en los artículos 5, 8, 25, 24, 12, 21 y 1[.]1 de la
Convención Americana”. En la demanda la Comisión alegó la “denegación de justicia
y otros actos de intimidación y discriminación que afectaron los derechos a la
integridad personal, a la libertad de creencia y religión y a la propiedad privada de
los sobrevivientes y familiares de las víctimas de la masacre de 268 personas […], en
su mayoría miembros del pueblo indígena maya en la aldea Plan de Sánchez,
Municipio de Rabinal, Departamento de Baja Verapaz, ejecutada por miembros del
Ejército de Guatemala y colaboradores civiles, bajo tutela del ejército, el día domingo
18 de julio de 1982”. La Comisión señaló en su demanda que la masacre se
encuentra en la impunidad, y que el Estado no ha realizado una investigación seria y
efectiva para establecer los hechos, juzgar y sancionar a los responsables materiales
e intelectuales, ni ha reparado sus consecuencias.
3.
Asimismo, la Comisión solicitó a la Corte que ordenara al Estado adoptar
determinadas reparaciones pecuniarias y no pecuniarias y el pago de las costas y
gastos originados en la tramitación del caso tanto a nivel nacional como a nivel
internacional, ante los órganos del sistema interamericano de protección de derechos
humanos.
II
COMPETENCIA
4.
Guatemala es Estado Parte en la Convención Americana desde el 25 de mayo
de 1978 y reconoció la competencia contenciosa de la Corte Interamericana el 9 de
marzo de 1987. Por tanto, la Corte es competente para conocer del presente caso,
en los términos de los artículos 62 y 63.1 de la Convención.
III
PROCEDIMIENTO ANTE LA COMISIÓN
5.
El 25 de octubre de 1996 el Centro para la Acción Legal en Derechos
Humanos (en adelante “CALDH” “representantes de las víctimas” o “los
representantes”) presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana. El 1 de
julio de 1997 la Comisión abrió el caso No. 11.763 y transmitió las partes pertinentes
de la denuncia al Estado.
6.
El 11 de marzo de 1999 la Comisión Interamericana, durante su 102º Período
Ordinario de Sesiones, aprobó el Informe No. 31/99 sobre la admisibilidad del caso.

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