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7.
El 28 de febrero de 2002, durante su 114° Período Ordinario de Sesiones, la
Comisión, después de analizar las posiciones de las partes y considerar concluida la
etapa de solución amistosa, aprobó, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
50 de la Convención, el Informe de Fondo No. 25/02, en el cual hizo una serie de
recomendaciones al Estado.
IV
PROCEDIMIENTO ANTE LA CORTE
8.
El 31 de julio de 2002 la Comisión Interamericana presentó la demanda ante
la Corte. El 22 de agosto de 2002 la Secretaría de la Corte (en adelante “la
Secretaría”), una vez realizado el examen preliminar de la demanda por el
Presidente de la Corte (en adelante “el Presidente”), notificó ésta al Estado, y le
informó sobre los plazos para contestarla y designar su representación en el proceso.
Ese mismo día la Secretaría, siguiendo instrucciones del Presidente, informó al
Estado de su derecho a designar un juez ad hoc para que participara en la
consideración del caso. Igualmente, el 22 de agosto de 2002, de acuerdo con el
artículo 35.1.e) del Reglamento, la demanda fue notificada a CALDH, y se le informó
que contaba con un plazo de treinta días para presentar su escrito de solicitudes,
argumentos y pruebas (en adelante “escrito de solicitudes y argumentos”).
9.
El 27 de septiembre de 2002 los representantes de las víctimas remitieron su
escrito de solicitudes y argumentos.
10.
El 1 de noviembre de 2002 el Estado presentó su escrito de interposición de
excepciones preliminares1, contestación de la demanda y observaciones al escrito de
solicitudes y argumentos.
11.
El 19 de febrero de 2004 el Presidente dictó una Resolución, mediante la cual
requirió a la Comisión Interamericana, de conformidad con el artículo 47.3 del
Reglamento, que los señores Benjamín Manuel Jerónimo y Eulalio Grave Ramírez
prestaran sus testimonios a través de declaraciones rendidas ante fedatario público
(affidávits) y que los señores Luis Rodolfo Ramírez García y José Fernando Moscoso
Möller también prestaran sus peritajes a través de declaraciones rendidas ante
fedatario público (affidávits). Asimismo, el Presidente otorgó un plazo improrrogable
de veinte días, contado a partir de la transmisión de tales affidávits, para que los
representantes y el Estado remitieran sus observaciones sobre las mencionadas
declaraciones y peritajes.
A su vez, el Presidente convocó a la Comisión
Interamericana, a los representantes y al Estado a una audiencia pública que se
celebraría en la sede de la Corte a partir del 23 de abril de 2004, para escuchar sus
alegatos sobre las excepciones preliminares y eventuales fondo, reparaciones y
costas, y escuchar los testimonios de los señores Juan Manuel Jerónimo, Narcisa
Corazón Jerónimo y Buenaventura Manuel Jerónimo, y los dictámenes de los señores
Augusto Willemsen-Díaz y Nieves Gómez Dupuis, todos propuestos por la Comisión.
Además, en esta Resolución el Presidente informó a las partes que contaban con
plazo hasta el 24 de mayo de 2004, para presentar los alegatos finales escritos.

1

Las excepciones preliminares interpuestas por el Estado fueron: “No Agotamiento de los Recursos
de la Jurisdicción Interna, Falta de Resolución de los Planteamientos del Estado en cuanto a la variación y
modificación del Contenido del Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que originó
la presentación de la Demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos e Interpretación
Errónea y Extensiva del Reconocimiento Efectuado por el Estado de Guatemala”.

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