313. Los representantes solicitaron que se “ordene al Estado realizar informes bimestrales respeto al avance de las medidas de restitución, incluyendo su presentación en una matriz de indicadores”. 314. Los representantes solicitaron también la creación de un fondo de desarrollo comunitario, destinado a las comunidades indígenas habitantes de los ex lotes fiscales 14 y 55. Alegaron la pertinencia del mismo, dado el deterioro de los recursos naturales por la presencia de alambrados y ganado en el territorio, y por la tala ilegal, que, según adujeron, ha provocado un fuerte impacto ambiental y ha menoscabado la alimentación e identidad cultural de las comunidades. Consideraron que la utilización del fondo “sería una gran oportunidad para implementar programas en relación a educación, salud, seguridad alimentaria, técnicas de cultivo, sobre la historia de las tradiciones de las comunidades, talleres de gestión territorial, material de difusión sobre el proceso de reivindicación territorial, entre muchos otros usos posibles”. Los representantes expresaron su “comprom[iso]” de presentar “información concreta” sobre el destino que puede darse a los fondos “en el plazo de dos meses luego de dicta[da] la sentencia”. Solicitaron que este Tribunal determine el monto del fondo y que se implemente un Comité para su administración, con representación estatal, académica y de Lhaka Honhat. 315. El Estado manifestó que “el plazo de [seis] meses” para la titulación, delimitación y demarcación es muy exiguo ya que lo que más demora son los acuerdos entre las familias criollas y las comunidades, y que esto no depende solo de la voluntad del Estado. Estimó que requiere hasta un año para la demarcación del territorio, hasta 18 meses para la realización de mensuras 317, y hasta dos años para “la entrega del título definitivo”. Pese a lo anterior, Argentina indicó también que es condición para la “demarcación, delimitación y titulación” el traslado de familias criollas y su ganado, para lo que requiere un plazo estimado de ocho años, dadas las diversas acciones y obras que es necesario realizar318. Argentina entendió “incongruente” las solicitudes de que se fijen plazos de seis meses y de dos años, respectivamente, para la delimitación, demarcación y titulación del territorio y para la reubicación de familias criollas. Resaltó la importancia de que, para este último fin, “se insista en el proceso de acuerdo entre partes (indígenas y criollos)”. Solicitó que “se tome[n] en cuenta los plazos propuestos en el plan integral” presentado a la Comisión (supra párr. 85), que coinciden con los expresados. 316. Por otra parte, el Estado afirmó que los alambrados de las familias criollas serán removidos “a medida que las familias efectivicen su relocalización”319. Argentina manifestó también que se encuentra demostrada la construcción de pozos y la elevaci��n de tanques de agua. Respecto a la tala ilegal, afirmó que ya cuenta con los organismos correspondientes para prevenirla. 317 Cfr. “Propuesta Integral de Trabajo”. 318 Entre ellas, Argentina indicó: a) “la culminación del proceso de relocalización de las familias criollas”; b) “sentar las bases para establecer protocolos de actuación en materia de consulta y estudios ambientales sobre obras o concesiones que quieran realizarse en tierras comunitarias en el futuro”; c) respetar los tiempos necesarios para la adopción de tecnología y las nuevas pautas productivas por parte de las familias criollas. También que “el traslado de los animales debe ser necesariamente el último componente del módulo productivo, ya que […] es indispensable garantizar el agua, los cerramientos y las pasturas”. Señaló que ese plazo es necesario por el tiempo “que necesitan [las familia criollas] para realizar la readecuación productiva, acorde a las nuevas superficies y traslados”. Cfr. “Propuesta Integral de Trabajo”. 319 Explicó el Estado que “levantar los cerramientos donde se encuentra el ganado implicaría una mayor invasión de animales en el territorio de uso tradicional de las comunidades”. 108