Los hechos del caso se refieren a la masacre de un grupo de 15 funcionarios judiciales que conformaban una Comisión Judicial (Unidad Móvil de Investigación) que en el ejercicio de su función realizaban una investigación por la masacre de 19 comerciantes y otros hechos de violencia en la región del Magdalena Medio. De las 15 víctimas, 12 fueron ejecutadas y 3 sobrevivieron.

La Corte IDH estableció la responsabilidad del Estado por acciones cometidas por los grupos paramilitares en el contexto de expansión y control territorial contra la insurgencia guerrillera y destacó la particular gravedad de los hechos que tuvieron como consecuencia intimidar a los funcionarios del Poder Judicial dedicados a la investigación de graves violaciones a los derechos humanos.

La Corte IDH desarrolló estándares sobre violación al derecho a la vida de los 3 sobrevivientes, toda vez que no se provocó su muerte -aún habiéndoles ejecutado un “tiro de gracia”- por razones meramente fortuitas. Asimismo analizó la falta de investigación y la impunidad de los hechos a la luz del estándar de debida diligencia.