Los hechos del caso se refieren a ejecuciones extrajudiciales, torturas, detención arbitraria, desapariciones forzadas de personas y daños contra la propiedad pública y de ciudadanos peruanos, víctimas de las acciones de miembros del Ejército del Perú que se dieron en el año 1988, en el Departamento de Ayacucho. La CorteIDH no abrió el debate sobre el fondo, al considerar que la demanda había sido presentada fuera de plazo.