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b.
el 27 de febrero de 1989 un número indeterminado de personas
provenientes de los estratos populares iniciaron una serie de disturbios en la
ciudad de Garenas, Estado de Miranda, como consecuencia del aumento de
las tarifas de transporte urbano y de la falta de reconocimiento del pasaje
preferencial estudiantil por parte del Poder Ejecutivo. Dichos disturbios se
propagaron después “a otras zonas del área metropolitana de Caracas como
Caricuao, La Guaira, Maracay, Valencia, Barquisimeto, Guayana, Mérida,
Maracaibo y las zonas adyacentes a la terminal de transportes”;
c.
los disturbios consistieron principalmente en la quema de vehículos
destinados al transporte urbano y en el saqueo y la destrucción de locales
comerciales, hechos que produjeron cuantiosos daños a propiedades públicas
y privadas;
d.
el 27 de febrero de 1989 un sector de la Policía Metropolitana se
encontraba en huelga, razón por la cual no intervino oportunamente para
controlar los disturbios. Según declaraciones del entonces Presidente de la
República, publicadas en el diario El Nacional el 10 de junio de 1990, “no
había una organización para prevenir y afrontar, al comienzo, lo que estaba
sucediendo”, y en dicha declaración señaló también que “luego de regresar
desde la ciudad de Barquisimeto, cuando pasó por una zona de Caracas
cercana al Palacio Presidencial llamada El Silencio, [vio] las vitrinas
destrozadas, al llegar a Miraflores llamó al Ministro de Defensa y le ordenó
que procediera a la movilización de los efectivos militares”;
e.
el control de la situación se encomendó a fuerzas militares, para lo
cual se trajeron del interior del país, aproximadamente nueve mil efectivos.
Dichas fuerzas militares estaban integradas por jóvenes de 17 y 18 años
reclutados en febrero de 1989. De declaraciones de altos oficiales del
Ejército, de Exministros de Estado y del Expresidente de la República, se
desprende que las fuerzas armadas no estaban preparadas para asumir el
control del orden público y los jóvenes que se enviaron, por su juventud e
inexperiencia, constituían un peligro para la vida e integridad física de las
personas.
De igual manera se desprende que dichos jóvenes fueron
equipados con armas de asalto (FAL o Fusil Automático Ligero, 7.62mm) para
controlar la población civil y vehículos blindados AMX-13. Los oficiales usaron
pistolas de gran potencia calibre 9mm;
f.
el 28 de febrero de 1989 el Poder Ejecutivo emitió el Decreto Nº 49, el
cual ordenó la suspensión de las siguientes garantías establecidas en la
Constitución venezolana: libertad individual (artículo 60.1, 2, 6 y 10);
inviolabilidad de domicilio (artículo 62); libertad de tránsito (artículo 64);
libertad de expresión (artículo 66); derecho a reunión (artículo 71) y derecho
a la manifestación pacífica (artículo 115). Según la Comisión, las garantías
constitucionales fueron restablecidas el 22 de marzo de 1989;
g.
las fuerzas armadas de Venezuela durante los 23 días que duró la
suspensión de garantías y, particularmente, a partir del 1 de marzo de 1989,
tuvieron el control del territorio y de la población; también dispusieron para
los primeros días un toque de queda que obligaba a la personas a permanecer
en sus casas entre las 6 p.m. y 6 a.m.;