En suma, la Comisión concluyó que el Estado era responsable por la violación de los derechos a la
salud, seguridad social, vida, integridad, garantías judiciales y protección judicial y la protección especial
de la niñez consagrados en los artículos 4.1, 5.1, 19, 26, 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, en
relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento.
El Estado depositó su instrumento de ratificación de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos y aceptó la competencia contenciosa de la Corte el 21 de agosto de 1990.
La Comisión ha designado al Comisionado Luis Ernesto Vargas Silva, al Secretario Ejecutivo Paulo
Abrão y a la Relatora Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales,
Soledad García Muñoz, como sus Delegados y Delegada. Asimismo, Marisol Blanchard Vera, Secretaria
Ejecutiva Adjunta, Jorge Meza Flores, Piero Vásquez Agüero y Luis Carlos Buob Concha, abogada y
abogados de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH, actuarán como Asesora y Asesores Legales.
De conformidad con el artículo 35 del Reglamento de la Corte Interamericana, la Comisión
adjunta copia del Informe Nº 107/18 elaborado en observancia del artículo 50 de la Convención, así
como copia de la totalidad del expediente ante la Comisión Interamericana (Apéndice I) y los Anexos
utilizados en la elaboración del citado informe. Dicho Informe de Fondo fue notificado a Chile el 6 de
diciembre de 2018, otorgándole un plazo de dos meses para informar sobre el cumplimiento de las
recomendaciones. El Estado chileno dio respuesta al informe de fondo el 6 de febrero de 2019,
solicitando desde esa fecha, un total de tres prórrogas para cumplir con las recomendaciones del
informe. La Comisión otorgó dos prórrogas al Estado. Si bien la Comisión consideró que, inicialmente
ocurrió un contacto inicial entre las partes para avanzar hacia la adopción de un acuerdo de
cumplimiento de las recomendaciones del Informe Nº 107/18, posteriormente de acuerdo con la
información aportada, la comunicación entre ellas se interrumpió, y tras nueve meses desde notificado
el informe ninguna medida concreta de reparación fue implementada. Sumado a lo anterior, la CIDH
valoró también la situación particular de la víctima, su interés superior como niña con discapacidad y su
frágil estado de salud. Por lo expuesto, la Comisión decidió no otorgar la última solicitud de prórroga.
En virtud de lo anterior, la CIDH decidió enviar el caso a la Corte Interamericana ante la
necesidad obtención de justicia, fundada en la necesidad de asegurar el tratamiento de la niña Martina y
una reparación integral. La Comisión Interamericana somete a la jurisdicción de la Corte la totalidad de
los hechos y violaciones de derechos humanos descritos en el Informe de Fondo Nº 107/18.
En ese sentido, la CIDH solicita a la Corte Interamericana que concluya y declare la responsabilidad
internacional del Estado de Chile por la violación de los derechos a la salud, seguridad social, vida,
integridad, garantías judiciales y protección judicial y la protección especial de la niñez consagrados en
los artículos 4.1, 5.1, 19, 26, 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 y 2
del mismo instrumento en los términos del Informe de Fondo Nº 107/18, en perjuicio de la niña Martina
y sus padres.

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