Los hechos del caso se refieren a la desaparición forzada y tortura de Juan Arrom y Anuncio Martí, ocurrida en enero de 2002, ambos dirigentes del partido político Patria Libre y la impunidad en que quedaron los hechos por las deficiencias en la investigación llevada adelante por el Ministerio Público.

La CorteIDH consideró que la prueba ofrecida para demostrar la participación estatal en los hechos denunciados resultan insuficientes para configurar la responsabilidad internacional del Paraguay. Adicionalmente consideró que la investigación adelantada no presentaba omisiones manifiestas que pudieran implicar violaciones a la Convención Americana.