Los hechos del presente caso se refieren a las 2 sanciones de inhabilitación para el ejercicio de la función pública que el Contralor General de la República le aplicó a Leopoldo López Mendoza en el marco del trámite de procesos administrativos. Como consecuencia de estas sanciones López Mendoza quedó impedido de registrar su candidatura para cargos de elección popular en el proceso electoral del año 2008.

La Corte IDH analizó el alcance de las restricciones al derecho político de postularse a cargos públicos (sufragio pasivo) derivadas de decisiones administrativas. Asimismo desarrolló estándares sobre garantías en el marco de procedimientos administrativos, en particular respecto del deber de motivación; adicionalmente aplicó el "test de previsibilidad" en el análisis de la discrecionalidad otorgada a la autoridad.