- 33 - A. Antecedentes a la toma del Palacio de Justicia 89. El Movimiento 19 de Abril (M-19) era un grupo guerrillero que surgió tras las elecciones presidenciales de 1970. Se le atribuye, entre otras acciones, el robo de “5.000 armas guardadas […] en una de las instalaciones militares más custodiadas del país”, la toma de la Embajada de República Dominicana en Bogotá, “el secuestro y posterior asesinato del presidente de la Confederación de Trabajadores de Colombia, y la toma del Palacio de Justicia en 1985 (infra párr. 93). La Comisión de la Verdad (supra párr. 85) consideró como los antecedentes inmediatos de la toma del Palacio de Justicia “un episodio sucedido el 30 de septiembre de 1985, en el que murieron 11 integrantes del M19 y resultó herido un civil en condiciones de indefensión, después de haber hurtado un camión repartidor de leche en el suroriente de Bogotá”, y el “atentado en Bogotá contra el comandante del Ejército, general Rafael Samudio Molina, por parte del M-19, el 23 de octubre de 1985” 98. 90. De acuerdo a la Comisión de la Verdad “era ampliamente conocido por parte de [las Fuerzas Militares y los organismos de seguridad del Estado] la posible toma del Palacio de Justicia, y la fecha aproximada, cuya finalidad era el secuestro de los 24 magistrados de la Corte Suprema”. En este sentido, el 16 de octubre de 1985 el Comandante General de las Fuerzas Militares recibió “por carta un anónimo que decía: ‘[e]l M-19 planea[ba] tomarse el edificio de la Corte Suprema de Justicia el jueves 17 de octubre, cuando los Magistrados est[uviesen] reunidos’”. Asimismo, tras el atentado al General Samudio Molina (supra párr. 89) el 23 de octubre, se “hizo llegar a una cadena radial u[n] mensaje que anunciaba la realización de ‘algo [de] tanta transcendencia que el mundo quedaría sorprendido’”. Ese mismo día el Servicio de Inteligencia de la Policía Nacional (SIJIN) allanó una casa donde encontraron planes para el asalto del Palacio de Justicia 99. 91. Paralelamente, desde mediados de 1985 magistrados de la Corte Suprema de Justicia estaban recibiendo amenazas de muerte relacionadas con la declaratoria de inexequibilidad del tratado de extradición entre Colombia y los Estados Unidos de América. Igualmente, los consejeros de Estado también recibieron amenazas 100. En respuesta a estas amenazas, se realizó un estudio de la seguridad física del Palacio de Justicia, investigaciones sobre el origen de las amenazas y el Gobierno asumió la custodia personal de algunos magistrados. Adicionalmente, se dispuso un refuerzo al servicio de vigilancia del Palacio de Justicia compuesto de “un contingente [de] un oficial, un suboficial y 20 agentes”, el cual cesó el 4 de noviembre de 1985 101. El 6 de noviembre de 1985 no estaba presente la seguridad que se había dispuesto en el edificio por las amenazas y el Palacio de Justicia “sólo contaba con mínima vigilancia privada, conformada por no más de seis empleados de la empresa Cobasec” 102. Además, unos días antes se habrían retirado los detectores de armas que se 98 Cfr. Informe de la Comisión de la Verdad (expediente de prueba, folios 39, 47, 51, 75 y 89). 99 Cfr. Tribunal Especial de Instrucción, Informe sobre el Holocausto del Palacio de Justicia, publicado en el Diario Oficial de 17 de junio de 1986 (en adelante “Informe del Tribunal Especial de Instrucción”) (expediente de prueba, folios 30486 y 30487); sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado en el expediente 11377 de 24 de julio de 1997 (expediente de prueba, folio 527); Policía Nacional, Informe toma “Palacio de Justicia” (expediente de prueba, folio 31810), e Informe de la Comisión de la Verdad (expediente de prueba, folios 89, 93 y 103). 100 Cfr. Informe del Tribunal Especial de Instrucción (expediente de prueba, folios 30483 y 30484), e Informe de la Comisión de la Verdad (expediente de prueba, folios 94 y 98). 101 Cfr. Informe del Tribunal Especial de Instrucción (expediente de prueba, folios 30484, 30485 y 30490); informe de la Comisión de la Verdad (expediente de prueba, folios 89, 94, 98, 101 y 104); sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de 24 de julio de 1997 (expediente de prueba, folios 526 y 527), y Dirección de Policía Judicial e Investigación, Estudio de Seguridad Palacio de Justicia de octubre de 1985 (expediente de prueba, folio 31730). 102 Cfr. Informe de la Comisión de la Verdad (expediente de prueba, folio 111); sentencia del Juzgado 51 Penal del Circuito de Bogotá del 15 de diciembre de 2011 (expediente de prueba, folio 20873); declaración de 13 de enero de 1986 rendida por Julia Alba Navarrete Mosquera (expediente de prueba, folio 14617), y Ana Carrigan, The Palace of Justice. A Colombian Tragedy, 1993 (expediente de prueba, folio 28672). Véase también: solicitud de prestación del servicio de vigilancia de 17 de octubre de 1985 suscrito por el Director General del Fondo Rotatorio del Ministro de Justicia dirigido a la empresa Cobasec (expediente de prueba, folio 31637), y declaraciones de Belisario Betancur Cuartas de 10 de abril de 1986, 2 de marzo de 1987, 3 de marzo de 1987, 5 de marzo de 1987 y 17 de enero de 2006 (expediente de prueba, folios 15132, 15139, 15153, 15167 y 15201).