- 70 - párr. 105 e infra párr. 521). Además, en el caso de Irma Franco Pineda se concluyó que esta fue víctima de desaparición forzada 310. 218. Adicionalmente, en varias de estas decisiones se tuvo en cuenta la modificación de la escena del crimen para condenar al Estado, haciendo referencia a las irregularidades en el “levantamiento de cadáveres, reconocimiento de los mismos y su inhumación, el manejo de las personas retenidas y el control sobre cada una de estas, por virtud de un errático e ilegítimo procedimiento, [lo cual] impidió en gran parte arribar a conclusiones precisas en torno de la forma como murieron muchas de las víctimas, de su ubicación e identificación” 311. Respecto de Ana Rosa Castiblanco Torres, la decisión del Tribunal Contencioso Administrativo resaltó que como consecuencia de las fallas del Estado al realizar el levantamiento de cadáveres, su identificación e inhumación “fue considerada como desaparecida y solamente después de una intensa búsqueda, [dieciséis] años después, se dio con el paradero de sus restos mortales” 312. 219. La Corte constata que la jurisdicción contenciosa administrativa otorgó montos de indemnización por concepto de “lucro cesante” a veinte familiares de siete presuntas víctimas (infra párr. 592). Asimismo, dicha jurisdicción otorgó indemnizaciones por concepto de daño inmaterial a treinta y siete familiares de once presuntas víctimas de desaparición forzada 313. El detalle sobre los familiares indemnizados y las cantidades recibidas se especifica en el capítulo de reparaciones de esta Sentencia (infra párrs. 592 y 601). IX DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS DERECHOS A LA LIBERTAD PERSONAL, INTEGRIDAD PERSONAL, VIDA Y RECONOCIMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA, EN RELACIÓN CON LA OBLIGACIÓN DE RESPETAR LOS DERECHOS 220. La Corte recuerda que en el presente caso se alega que agentes del Estado desaparecieron forzadamente a 11 personas, entre empleados de la cafetería y visitantes ocasionales que habrían sobrevivido los hechos de la toma y la retoma del Palacio de Justicia, una guerrillera del M-19 (Irma Franco Pineda) y un Magistrado Auxiliar del Consejo de Estado (Carlos Horacio Urán Rojas), quien además alegadamente habría sido objeto de ejecución extrajudicial. 221. En el presente capítulo la Corte analizará: (a) la presunta desaparición forzada de Carlos Augusto Rodríguez Vera, Irma Franco Pineda, Cristina del Pilar Guarín Cortés, Gloria Anzola de Lanao, Norma Constanza Esguerra Forero, Bernardo Beltrán Hernández, Héctor Jaime Beltrán Fuentes, Gloria Stella Lizarazo Figueroa, Luz Mary Portela León, David Suspes Celis, Lucy Amparo prueba, folios 505 y 531); de 31 de julio de 1997 (expediente de prueba, folio 2822); de 28 de enero de 1999 (expediente de prueba, folio 2870); de 13 de octubre de 1994 (expediente de prueba, folios 2906 y 2907); de 12 de diciembre de 2007 (expediente de prueba, folio 3000); de 6 de septiembre de 1995 (expediente de prueba, folio 3050); de 25 de septiembre de 1997 (expediente de prueba, folio 3096); de 14 de agosto de 1997 (expediente de prueba, folio 3150); de 13 de octubre de 1994 (expediente de prueba, folio 3190); de 2 de diciembre de 1994, y de 26 de enero de 1995 (expediente de prueba, folios 3310, 3347, 3359 y 3387). 310 Cfr. Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de 11 de septiembre de 1997 (expediente de prueba, folio 3258). 311 Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de 6 de diciembre de 1995 (expediente de prueba, folios 3085, 3086, 3088 y 3089). Ver también, sentencias de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de 13 de octubre de 1994 (expediente de prueba, folio 2942), y de 13 de octubre de 1994 (expediente de prueba, folios 3235 y 3236). 312 Cfr. Sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de 12 de diciembre de 2007 (expediente de prueba, folios 3027, 3028 y 3046). 313 En el caso presentado ante este Tribunal fueron identificados 98 personas como familiares de las presuntas víctimas de desaparición forzada.