Los hechos del caso se refieren a la ejecución extrajudicial del joven Jean Paul Genie Lacayo, de 16 años de edad, por parte de efectivos militares. Tras su muerte se inició una investigación en el fuero castrense que se extendió por más de 5 años sin que se haya sancionado a los responsables.

La Corte IDH desarrolló estándares acerca de la garantía del plazo razonable y acerca del concepto de “análisis global del procedimiento” en relación con ciertas conductas de parte de autoridades militares que obstaculizaron y no colaboraron de manera adecuada en las investigaciones.