Los hechos del caso se refieren al incumplimiento de sentencias del Tribunal Constitucional del Perú que ordenaban a la Contraloría General de la República a pagar a los integrantes de la Asociación de Cesantes y Jubilados de la Contraloría las remuneraciones, gratificaciones y bonificaciones que percibían los servidores en actividad de la misma, con cargos idénticos, similares o equivalentes.

La Corte IDH señaló que la garantía de un recurso judicial efectivo no sólo se satisface con su existencia formal, sino que requiere garantizar los medios para que las decisiones definitivas de autoridad competentes se ejecuten. En cuanto a la vulneración al derecho de propiedad, la Corte IDH reiteró el criterio de que si un pensionista paga sus contribuciones a un fondo de pensiones y deja de prestar servicios para acogerse al régimen de jubilaciones previsto en la ley, adquiere el derecho a que su pensión se rija por los términos y condiciones previstos en dicha  ley.  Por lo tanto, el derecho a la pensión tiene “efectos patrimoniales”, que están protegidos por la Convención Americana.

La Corte IDH también se refirió a la violación de la obligación estatal relativa al desarrollo progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales, estableciendo que la misma consiste en la adopción de providencias, especialmente económicas y técnicas para lograr progresivamente la plena efectividad de ciertos derechos de estas características, considerando que no corresponde al caso bajo análisis.