Los hechos del caso se refieren a las ejecuciones extrajudiciales –ocurridas en el Estado de Aragua durante el año 1996- de los hermanos Igmar Alexander –de 18 años de edad- y Eduardo José –de 17 años- por parte de fuerzas de seguridad. Estos hechos ocurrieron en un contexto de abusos policiales vigente en la época, en varios estados de Venezuela.

La CorteIDH aplicó criterios sobre uso de la fuerza y armas de fuego por parte de funcionarios de las fuerzas de seguridad, y sobre las obligaciones estatales de debida diligencia y humanidad posteriores al despliegue de fuerza. En relación con Eduardo José -quien era menor de edad al momento de su ejecución- , la CorteIDH desarrolló también estándares sobre las circunstancias de su privación de libertad a la luz de la protección especial que le cabía por su condición de niño. Asimismo, en ambos casos evaluó las investigaciones llevadas adelante desde el estándar de la debida diligencia y el plazo razonable.