El caso se refiere a la interceptación y monitoreo -entre abril y junio de 1999-, de las lineas telefónicas de las víctimas -integrantes de las organizaciones ADECON y COANA- por parte de la Policía Militar del Estado de Paraná, y la posterior divulgación de las conversacones telefónicas obtenidas, asi como la denegación de justicia y reparación adecuada por estos hechos.

La CorteIDH desarrolló estándares sobre el derecho a la vida privada, la honra y la reputación en relación con la interceptación, grabación y divulgación de conversaciones telefónicas. Adicionalmente, la CorteIDH relacionó este análisis con el derecho a la libertad de asociación y examinó la llamada “cláusula federal”.