Los hechos del caso se refieren a la desaparición forzada de María Claudia García Iruretagoyena de Gelman, así como de la supresión y sustitución de identidad -entendida como una forma de desaparición forzada- de su hija nacida en cautiverio María Macarena Gelman García, ocurridos durante la dictadura que gobernó Uruguay entre 1973 y 1985. Los mismos se dieron como parte de prácticas sistemáticas de graves violaciones a los derechos humanos en el marco de la doctrina de seguridad nacional y de la denominada “Operación Cóndor”, nombre que se dió a la alianza que unía y coordinaba fuerzas de seguridad y servicios de inteligencia de las dictaduras de Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Brasil.

El caso cuestionó la validez y aplicación de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado -aun tratándose de una ley respaldada por referéndum y plebiscito-, la que por sus efectos constituye una ley de amnistía que impide la investigación de los hechos y la identificación, juzgamiento y eventual sanción de los responsables de graves violaciones a los derechos humanos.

La Corte IDH evidenció la afectación diferenciada derivada de la instrumentalización del cuerpo de las mujeres, así como la obligación estatal de adoptar las medidas adecuadas para garantizar el acceso técnico y sistematizado de la información sobre violaciones a los derechos humanos que se encuentra bajo su custodia.