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En relación con los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, la Comisión dividió su
análisis en tres apartados: (i) la investigación dirigida por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional
Federal Nro. 9 (“Juzgado Federal Nro. 9”) desde los años 1994 a 2005; (ii) la investigación encabezaba por la
Unidad Fiscal de Investigación al Atentado a la AMIA (UFI AMIA) desde 2005 a la actualidad; y (iii) los procesos
judiciales por el encubrimiento del atentado.
Respecto al proceso llevado a cabo por el Juzgado Federal Nro. 9, con base en la prueba disponible la
Comisión concluyó que los órganos estatales a cargo de la investigación cometieron graves irregularidades. Al
respecto, la CIDH notó, la deficiente preservación de la escena del crimen y la interrupción irracional de
determinadas líneas lógicas de investigación. Asimismo, el desembolso por parte de las autoridades judiciales
y de inteligencia de una importante suma de dinero proveniente de los fondos reservados de la Secretaria de
Inteligencia al entonces único imputado en la causa con el fin de incorporar información a la causa y de esa
manera construir una hipótesis acusatoria sin sustento. La Comisión consideró que la conducta de las
autoridades a cargo de la investigación - especialmente en las diligencias iniciales y aquellas a cargo del Juzgado
en lo Criminal y Correccional Federal Nro.9 - en vez de impulsar seriamente la investigación y la sanción de los
responsables, terminó por incurrir en serias falencias, irregularidades y en el desvío deliberado de la
investigación por más de 8 años. La prosecución de una hipótesis acusatoria fabricada por funcionarios
estatales solo fue posible a partir de una actuación carente de imparcialidad por parte del juez a cargo de la
instrucción y se convirtió en un factor que ocasionó que no se investigaran las verdaderas causas del atentado
y todas las responsabilidades involucradas. La Comisión concluyó que estas conductas y omisiones representan
actos de encubrimiento deliberado y constituyen la principal razón por la cual el atentado permanece impune
a la fecha.
En relación con la investigación encabezaba por la UFI AMIA, la Comisión notó que el Estado ha
adoptado algunas medidas relevantes para encausar la pesquisa y subsanar las múltiples afectaciones
acontecidas durante el tiempo en que la investigación estuvo encabezada por el Juzgado en lo Criminal Federal
No. 9. En este sentido, la UFI AMIA desde el año 2015 ha realizado una actividad probatoria que posibilitó
revelar aún mayores falencias que ocurrieron durante la recolección e identificación de material probatorio
esencial en las diligencias iniciales. Sin embargo, tales diligencias fueron precedidas de amplios períodos de
demora, sin que se hubiere ofrecido una justificación al respecto. Además, el Estado no demostró que, de
conformidad con el principio de debida diligencia, se hubiesen investigado y practicado en forma exhaustiva
todas las diligencias requeridas. Entre las deficiencias identificadas, se encuentran: la ausencia de una debida
conservación y adecuada gestión de material orgánico de suma relevancia para la investigación; la demora en
la realización de peritajes sobre dicho material; la omisión en la realización de peritajes cruciales para
confirmar o desmentir elementos cruciales de la hipótesis acusatoria sostenida por el Ministerio Público ; y la
emisión de dos dictámenes fiscales de acusación basados de manera preponderante en información provista
por supuestas fuentes de inteligencia humana, la cual no fue incorporada al proceso judicial conforme las reglas
de la prueba testimonial y cuya identidad no pudo ser corroborada por los magistrados judiciales actuantes ni
por los querellantes, las víctimas y sus familiares.
Respecto a los procesos judiciales por el encubrimiento del atentado, la Comisión destacó que, a más
de veinte años de iniciado el procedimiento judicial por las irregularidades cometidas durante la investigación
realizada por el Juzgado Federal Nro. 9, aun no se ha dictado sentencia definitiva.
La Comisión concluyó que existe una demora irrazonable en la investigación de los hechos
relacionados con el atentado a la AMIA, así como también respecto a los procesos por el encubrimiento, todo
lo cual ha afectado el derecho a la verdad sobre lo ocurrido y ha tenido un especial impacto en los familiares de
las víctimas.

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