14. Alegan que la segunda “oleada” de desplazamiento colectivo se produjo esa misma tarde,
al iniciarse el operativo militar en la comunidad de Puente América en las riberas del Atrato.
Alegan que los hombres armados ordenaron a los afrodescendientes que habitaban la zona que
la abandonaran en 24 horas y dejaron inscripciones en las que se leía: “Vivan los paracos del
Chocó y Córdoba” “A/C muerte a la guerrilla y sapos”.
15. Los peticionarios alegan que el 26 de febrero de 1997, hacia las 13:10 horas, cerca de 150
civiles que portaban brazaletes del Batallón Voltigeros de la XVII Brigada del Ejército y de la
Infantería de Marina, llegaron al caserío de Bijao en el río Cacarica, disparando sus armas. Al
escuchar las detonaciones, algunos miembros de la comunidad salieron en estampida hacia la
parte montañosa del terreno, encontrándose con unidades del operativo militar que tenían
rodeado el caserío. Durante 20 minutos los hombres armados dispararon sus fusiles y lanzaron
granadas a los techos de las casas, mientras que otros saqueaban viviendas, tiendas y
graneros. También ametrallaron los motores fuera de borda de la comunidad e incineraron una
planta de energía eléctrica.
16. Los peticionarios alegan que hacia las 13:30 hs. los hombres armados obligaron a los
miembros de la comunidad a reunirse en la escuela donde les informaron que tenían tres días
para abandonar sus tierras. Al ser interrogados por el motivo del desalojo respondieron que
esa era la orden que tenían y que “si no desocupan en esos tres días no respondemos por lo
que fuera a pasar.”
17. Los peticionarios alegan que al día siguiente, el 27 de febrero de 1997, los hombres
armados torturaron y decapitaron a Marino López Mena. Los peticionarios alegan que los
efectivos militares y paramilitares patearon repetidas veces la cabeza de Marino López
simulando jugar un partido de fútbol, tras lo cual invitaron a los miembros de la comunidad de
Bijao que presenciaron estos hechos, a participar del juego.
18. Los peticionarios alegan que en horas de la mañana de ese mismo día, el 27 de febrero de
1997, hombres armados con insignias del Batallón Voltigeros de la Brigada XVII y de las ACCU,
ingresaron a la comunidad Bocas del Limón, sobre el río Peranchito, y ordenaron a los
afrodescendientes abandonar su territorio por 15 días, diciendo que en Turbo los esperaba la
Policía Nacional. Señalan que mientras se adelantaba la reunión, los hombres armados
quemaron una pequeña tienda del “Comité de Mujeres” de la comunidad y dos casas. También
habrían saqueado bienes comunitarios tras lo cual dejaron inscripciones en las paredes de las
casas con dibujos de calaveras en las que se leía “muerte a guerrilleros ATT A.C.C.U. El Buey”.
Antes de partir, los hombres armados habrían advertido “si nos encontramos a alguien por acá
después de cuatro días, le mochamos la cabeza”.
19. Los peticionarios alegan que a los tres primeros desplazamientos de las comunidades de
Bocachica, Teguerré, Villa Hermosa, Bijao-Cacarica, El Limón, Quebrada Bonita y Barranquilla
se sumaron los de los restantes poblados. Para el 28 de febrero de 1997 se contabilizaban
cerca de 2.500 personas desplazadas del Territorio del Cacarica hacia Turbo, Bocas del Atrato
y Panamá. Muy pocos habitantes decidieron quedarse en la Cuenca del Cacarica.
20. Los desplazados que decidieron refugiarse en Turbo fueron, en un principio, trasladados
por unidades policiales en volquetas y en vehículos de tracción animal. Un altísimo porcentaje
se concentró en el coliseo deportivo donde durante varios meses permanecieron en
condiciones infrahumanas de hacinamiento. Por su parte, las comunidades de Bijao, Puente
América, La Honda y El Limón que no pudieron dirigirse a Turbo, se refugiaron en Bocas del
Atrato donde se albergaron inicialmente en un salón de la escuela. Quienes intentaron regresar
al Cacarica se encontraron con un retén paramilitar en La Loma. Otro grupo de 250
desplazados –en su mayoría niños, niñas y mujeres— llegaron a la frontera con Panamá tras
15 días de travesía por la selva, durante la cual varios padres se separaron de sus hijos y
algunos niños se perdieron en la espesura. Los peticionarios alegan que este grupo fue
ilegalmente deportado en abril de 1997 y devuelto a Colombia en la localidad de Bahía Cupica.
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