5.
La parte peticionaria señala que el 26 de abril de 1991, cuando Santiago Leguizamón se dirigía a un
restaurante para la celebración del Día del Periodista, junto a su colaborador Baldomero Cabral, fueron
interceptados por un vehículo Volkswagen Gol de color negro desde donde tres individuos les dispararon con
armas de distinto calibre, causando la muerte del periodista. Según la petición, el periodista sufrió 21 heridas
de bala. La parte peticionaria destaca que este sería el primer asesinato de un periodista por razones vinculadas
con la profesión en Paraguay, en la época postdictadura. Indica además que, si bien se inició una investigación
de oficio el mismo día del asesinato, esta fue ineficiente y poco diligente, y que hasta la fecha el caso se
encuentra en impunidad.
6.
La parte peticionaria alega que el periodista recibió amenazas y sufrió actos de hostigamiento por su
labor periodística con anterioridad a su asesinato, y que “en varias oportunidades […] había solicitado custodia
policial, lo que se concretó en algunas de ellas, excepto la solicitada en los últimos meses antes de su asesinato”.
Asimismo, señala que el periodista “le decía [a su equipo de trabajo] que debía cuidarse” y que debían “estar en
permanente vigilancia”; ante las amenazas afirmaba que “pref[ería] la muerte física a la muerte ética”. La parte
peticionaria destaca que, un año antes del asesinato del periodista, y en virtud de dichas amenazas, aquel
contrató a una persona que lo acompañaba a todos lados con un arma de fuego en el vehículo; asimismo adoptó
otras medidas de seguridad. Su esposa y sus cuatro hijos residían en la ciudad capital de Asunción debido a la
inseguridad de la localidad fronteriza de Pedro Juan Caballero. De igual manera, los peticionarios alegan que la
esposa y los hijos del periodista sufrieron hostigamientos y amenazas, incluso de muerte, con posterioridad a
su fallecimiento, y que sus vidas se vieron afectadas tanto en el aspecto moral como material.
7.
De acuerdo con los peticionarios, cuando el presidente Rodríguez visitó la localidad de Pedro Juan
Caballero el 14 de febrero de 1991, dos meses antes de la muerte del periodista, con motivo de la inauguración
de un hotel y casino propiedad de “El Turco”, el movimiento de los campesinos sin tierra realizó una protesta
demandando soluciones al presidente, apoyada por Leguizamón, quien habría “abrazado esta causa en su
programa de radio y en sus despachos como corresponsal”. Según la parte peticionaria, el periodista le contó a
su esposa que un testigo habría escuchado decir al entonces presidente de la República “con ese muchacho hay
que hacer algo”.
8.
La parte peticionaria también señala que, en la época de los hechos, el periodista tenía en su posesión
“una fotografía clave”, en la que posaban “el jefe del Cartel de Medellín, Pablo Escobar Gaviria, con ‘El Turco’ y
el presidente Rodríguez”. Afirma que Santiago Leguizamón iba a entregar la fotografía a un amigo cercano para
que la sacara del país y la mantuviera a salvo. La familia sostiene que la fotografía desapareció en un
allanamiento militar ilegal de la radio Mburucuyá al día siguiente del asesinato.
9.
La parte peticionaria señala que el Estado violó el derecho a la vida en perjuicio de Santiago
Leguizamón debido a que no cumplió con su obligación de investigar y sancionar su asesinato, ni cumplió con
su obligación de proteger la vida e integridad del periodista en relación con el ejercicio de la libertad de
expresión, en particular atendiendo a que el periodista “había solicitado protección policial en distintas
oportunidades”. Asimismo, señala que el periodista sufría amenazas y actos de hostigamiento por su labor
periodística y social, debido a que investigaba y publicaba regularmente notas periodísticas en algunos de los
medios de comunicación más importantes del país sobre la situación de violencia, narcotráfico, corrupción y
desigualdad que existía en Pedro Juan Caballero. La parte peticionaria alega que estas denuncias eran públicas,
por lo que el Estado de Paraguay conocía que existía un riesgo real e inmediato para su vida. Los peticionarios
consideran que el Estado tenía una obligación de protección reforzada del derecho a la vida del periodista
debido a que este ejercía un derecho fundamental en una situación de especial vulnerabilidad por el contexto
de violencia y tensión social que existía en Pedro Juan Caballero, una de las zonas más violentas de Paraguay.
A pesar de ello, la parte peticionaria alega que el Estado de Paraguay no otorgó ninguna medida de protección
para prevenir el asesinato de Santiago Leguizamón.
10.
De igual manera, los peticionarios estiman que el Estado violó el derecho a la libertad de expresión de
Santiago Leguizamón, tanto en su dimensión individual como colectiva. Señalan que el asesinato del reconocido
periodista se debió a su labor periodística y tuvo como objetivo silenciarlo, ya que sus investigaciones
“molestaban al poder político y económico del país”. Los peticionarios señalan que su asesinato constituyó la
forma más violenta de censura y la forma más radical de suprimir su derecho a expresarse libremente, lo cual,
a su vez, generó un efecto silenciador en otros periodistas e impidió a la sociedad paraguaya, y al pueblo de
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