INFORME No. 82/13
CASO 12.679
FONDO
JOSÉ AGAPITO RUANO TORRES Y FAMILIA
EL SALVADOR
4 de noviembre de 2013

I.

RESUMEN

1.
El 12 de diciembre de 2003, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en
adelante “la Comisión”, “la Comisión Interamericana” o “la CIDH”) recibió una denuncia presentada por
Pedro Torres Hércules (en adelante “el peticionario”), en la cual se alega la responsabilidad internacional
de la República de El Salvador (en adelante "el Estado", “El Salvador” o “el Estado salvadoreño”) por
presuntas violaciones a los derechos a las garantías judiciales y protección judicial, integridad personal, y
libertad personal, cometidas en perjuicio de José Agapito Ruano Torres (en adelante “la presunta
víctima”).
2.
El 17 de octubre de 2008 la Comisión aprobó el informe de admisibilidad No. 77/08,
donde concluyó que tenía competencia para conocer la denuncia presentada por el peticionario y
decidió, con fundamento en los argumentos de hecho y de derecho, y sin prejuzgar sobre el fondo de la
cuestión, declarar admisible la denuncia por la presunta violación de los artículos 5, 7, 8, 25 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante la “Convención Americana” o la
“Convención”), en relación con la obligación general consagrada por el artículo 1.1 del mismo
instrumento internacional.
3.
Durante el trámite de fondo, el peticionario argumentó que José Agapito Ruano Torres
habría sido procesado y condenado injustamente por el delito de secuestro debido a las numerosas
omisiones e irregularidades cometidas durante el proceso penal en su contra. Asimismo, alegó que el
señor Ruano Torres habría sido torturado al momento de su detención y que, debido a la irregular
sentencia condenatoria en su contra, su privación de la libertad sería arbitraria. Por su parte, el Estado
sostuvo que no existieron las violaciones alegadas en tanto la culpabilidad del señor Ruano Torres habría
sido demostrada conforme a un proceso penal debidamente regulado.
4.
Tras analizar la posición de las partes, la Comisión Interamericana concluyó, en primer
lugar, que el Estado salvadoreño es responsable por la violación de los derechos a las garantías judiciales
y protección judicial, consagrados en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, en relación con las
obligaciones establecidas en el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de José Agapito Ruano
Torres. En segundo lugar, consideró que el Estado es responsable por la violación del derecho a la
libertad personal, establecido en el artículo 7 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1
del mismo instrumento, en perjuicio de José Agapito Ruano Torres.
5.
En tercer lugar, consideró que el Estado violó el derecho a la integridad personal,
consagrado en el artículo 5 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en
perjuicio de José Agapito Ruano Torres. En cuarto lugar, la Comisión concluyó que el Estado vulneró los
derechos a las garantías judiciales y protección judicial, consagrados en los artículos 8 y 25 de la
Convención Americana, en relación con las obligaciones establecidas en los artículos 5 y 1.1 del mismo
instrumento, en perjuicio de José Agapito Ruano Torres. Asimismo, concluyó que el Estado es responsable

Select target paragraph3