-53administrativa para proteger sus tierras y recursos naturales, sin que exista un pronunciamiento sobre esas peticiones y que, a pesar de que se demarcó la Comarca Kuna, ésta aún se encuentra desprotegida ante eventuales invasiones por colonos. 163. Los representantes indicaron asimismo que las comunidades indígenas paulatinamente pierden “extensiones de tierras por las constantes invasiones y la explotación de los recursos naturales por parte de personas no indígenas, que solicitan el reconocimiento de derechos posesorios”. También manifestaron que la abstención de emprender acciones efectivas para prevenir la invasión y deforestación ilegal del territorio indígena permitió la progresiva apropiación de las tierras por personas no indígenas, así como la extracción ilegal de madera. 164. El Estado, con respecto a la Ley 72 de 23 de diciembre de 2008 y el Decreto Ejecutivo 223 de 29 de junio de 2010, se refirió a que dicho procedimiento incluye varias fases, incluyendo la apelación ante el Ministerio de Desarrollo Agropecuario. El Estado también indicó que había formalizado congresos, reuniones y concertaciones para la accesibilidad de los grupos vulnerables y que desde el año 2009 se ha suscrito un convenio por el cual se instaló la “Comisión Interinstitucional de Acercamiento a la Justicia Tradicional Indígena y la Justicia Ordinaria” que busca facilitar el acceso al sistema de justicia a todos los grupos indígenas. Asimismo, señaló que la debida protección a los propietarios se evidencia, porque hay corregidores comarcales, la Policía auxilia a las autoridades evitando las invasiones y la Justicia Penal se activa en protección de los afectados. Sin embargo, el Estado indicó que el ejercicio incorrecto del derecho a pedir, o su no ejercicio, a pesar de tener representación idónea, puede frustrar la posibilidad de hacer efectivos los derechos. A.2. Consideraciones de la Corte 165. La Corte ha considerado que el Estado está en la obligación de proveer recursos judiciales efectivos a las personas que aleguen ser víctimas de violaciones de derechos humanos (artículo 25), recursos que deben ser sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal (artículo 8.1), todo ello dentro de la obligación general, a cargo de los mismos Estados, de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción (artículo 1.1) 230. Por otro lado, la Corte ha señalado que el artículo 25.1 de la Convención establece, en términos generales, la obligación de los Estados de garantizar un recurso judicial efectivo contra actos que violen derechos fundamentales. Al interpretar el texto del artículo 25 de la Convención, la Corte ha sostenido, en otras oportunidades, que la obligación del Estado de proporcionar un recurso judicial no se reduce simplemente a la mera existencia de los tribunales o procedimientos formales o aún a la posibilidad de recurrir a los tribunales. Más bien, el Estado tiene el deber de adoptar medidas positivas para garantizar que los recursos que proporciona a través del sistema judicial son "verdaderamente efectivos para establecer si ha habido o no una violación a los derechos humanos y para proporcionar una reparación” 231. 166. Asimismo, la jurisprudencia de este Tribunal ha señalado en otros casos que los pueblos indígenas y tribales tienen derecho a que existan mecanismos administrativos efectivos y expeditos para proteger, garantizar y promover sus derechos sobre los territorios indígenas, a Segunda de la Corte Suprema de Justicia decidió dictar sobreseimiento contra los funcionarios denunciados, mientras que en otro proceso sobre el mismo caso presentado por los campesinos que no pudieron titular sus tierras, se formularon cargos contra los mismos denunciados. 230 Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Excepciones Preliminares. Sentencia de 26 de junio de 1987. Serie C No. 1, párr. 91; Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador. Fondo y reparaciones. Sentencia de 27 de junio de 2012. Serie C No. 245, párr. 260, y Caso Hermanos Landaeta Mejías y otros Vs. Venezuela, párr. 215. 231 Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 177, y Caso de las Comunidades Afrodescendientes Desplazadas de la Cuenca del Río Cacarica (Operación Génesis) Vs. Colombia, párr. 404.