9 frente a cualquier posible vulneración, lo cual incluye “cualquier evento en que se presente alguna irregularidad en el accionar de los miembros de las Fuerzas Armadas, caso para el que existe un mecanismo de interposición de quejas a nivel de las Fuerzas Armandas […]”. En tal sentido, manifestó la necesidad de que las denuncias pertinentes se hagan en tiempo real, pues “es evidente que al desconocer tal información el Estado no podrá actuar y terminará […] incumpliendo la responsabilidad que le asiste”, y señaló que existe “una amplia gama de recursos efectivos e idóneos que les permiten acceder al aparato estatal y obtener respuesta del mismo”. En esta situación se ubican, por ejemplo, las aseveraciones de los representantes sobre que las operaciones y la supuesta presencia de grupos paramilitares y sus actuaciones delictivas se llevan a cabo “amparadas por la Fuerza Pública”. En opinión del Estado, estas son afirmaciones “delicadas y deben ser formuladas con el debido sustento y, desde luego, denunciadas ante las autoridades correspondientes”. 20. Por otro lado, sobre la supuesta presencia de grupos paramilitares en la zona “amparados por la Fuerza Pública”, el Estado señaló que está comprometido con “la erradicación de todos los grupos al margen de la ley que realizan actos de violencia”, y que para ello se han llevado a cabo acciones tanto legislativas y de otro orden con miras a la consecución de la paz en Colombia, tales como las que realizan la Policía Nacional y el Ejército en el Bajo Atrato. Al respecto, el Estado se refirió a diversas medidas implementadas en materia de seguridad en la zona, incluyendo medidas individuales de protección. Asimismo, indicó que los representantes constantemente remiten documentos que denominan “constancias históricas[,] que contienen narraciones de presuntos hechos de forma similar a la que se encuentra consignada en el documento que sustenta la actual solicitud”. Estos documentos son tramitados por el Estado a través de las instituciones concernidas, y su resultado se informa a los representantes. Al respecto, señaló que de enero a abril de 2011 el Programa Presidencial de Derechos Humanos ha tramitado más de cincuenta solicitudes. Asimismo, el Estado reiteró que se encuentran implementadas diversas medidas materiales de protección tanto a personas que son beneficiarias como a otras que no lo son, incluyendo aquéllas incluidas en la solicitud de ampliación de medidas, lo cual se realiza en el marco general del cumplimiento de sus obligaciones. También manifestó que “qu[ería] reiterar a la [Corte] y a través suyo a la Comisión Interamericana y a [los representantes], que […] en caso de requerir algún elemento de protección particular, pueden acceder a la oferta institucional que se tiene jurídicamente establecida para los efectos”. 21. Sobre los supuestos abusos de empresarios y ocupaciones “de mala fe”, el Estado se refirió a diversas investigaciones que actualmente realizan la Fiscalía General de la Nación sobre delitos de amenazas, usurpación de tierras y concierto para delinquir, y la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, por lo que reiteró la necesidad de que se agoten los procedimientos legales dispuestos en la legislación colombiana para que el Estado proceda en consecuencia. Por otro lado, respecto a la supuesta “judicialización” de habitantes de las comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó, entre otros, el Estado señaló que es su deber la investigación de hechos ilícitos que se cometan bajo su jurisdicción, y que “no se puede asumir o pretender que las medidas cautelares o provisionales otorguen cierto fuero de inmunidad judicial o legal a favor de sus beneficiarios”. El Estado también indicó que la Policía Nacional, conforme a las funciones que le otorgan la “Constitución y la Ley”, también “puede llevar a cabo operaciones de requisa con el objetivo de mantener el orden público y la seguridad”, respetando los derechos fundamentales de las personas. 22. Sobre las “presuntas campañas de desprestigio nacional e internacional que supuestamente se han puesto en marcha en contra de los habitantes de la zona”, el Estado