La Comisión ha designado al Comisionado Joel Hernández García y al Secretario Ejecutivo Paulo Abrão, como
sus Delegados. Asimismo, Paulina Corominas, abogada de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH, actuará como Asesora
Legal.
De conformidad con el artículo 35 del Reglamento de la Corte Interamericana, la Comisión adjunta copia del
Informe Nº 66/18 elaborado en observancia del artículo 50 de la Convención, así como copia de la totalidad del
expediente ante la Comisión Interamericana (Apéndice I) y los anexos utilizados en la elaboración del Informe Nº
66/18 (Anexos). Dicho informe de fondo fue notificado al Estado de Perú mediante comunicación de 26 de julio de
2018, otorgándole un plazo de dos meses para informar sobre el cumplimiento de las recomendaciones. En sus
informes, el Estado indicó que, con relación a los 2,317 trabajadores, se encuentra pendiente de decisión una
apelación respecto a una solicitud de nulidad que fue declarada improcedente en enero de 2019. En abril de 2019, se
declaró fundada en parte una medida cautelar interpuesta por el Ministerio de Economía y Finanzas, que suspendió el
proceso de ejecución de sentencia en tanto se resuelva la nulidad. Según el Estado, el resultado podría anular la
obligación de pago impuesta por la sentencia de 1992. Asimismo, informó que se lleva a cabo una investigación fiscal
por los delitos de criminalidad organizada, tráfico de influencias y otros, en la que se encontraría involucrado uno de
los abogados de FEMAPOR, así como la jueza a cargo del expediente de FEMAPOR. En el primer informe presentado
por el Estado, éste negó totalmente la existencia de una problemática de alcance general referente al incumplimiento
de las sentencias.
Después de tres prórrogas otorgadas al Estado, la Comisión decidió someter el presente caso a la jurisdicción
de la Corte Interamericana por la necesidad de restitución en los derechos, justicia y reparación a favor de las
víctimas. La Comisión Interamericana somete a la jurisdicción de la Corte la totalidad de los hechos y violaciones de
derechos humanos descritos en el Informe de Fondo Nº 66/18.
En ese sentido, la Comisión solicita a la Corte que concluya y declare la responsabilidad internacional del
Estado de Perú por la violación de los derechos a las garantías judiciales, a la propiedad privada y a la protección
judicial, establecidos en los artículos 8.1, 21, 25.1 y 25.2.c) de la Convención Americana, en relación con las
obligaciones establecidas en los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento, en perjuicio de las personas incluidas en el
Anexo Único al Informe Nº 66/18.
Igualmente, la Comisión solicita a la Corte que establezca las siguientes medidas de reparación:
1. Dar cumplimiento total, a la mayor brevedad posible, a la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de 12
de febrero de 1992, con base en lo establecido en el Informe Pericial N°240-2015-PJ-EV, que efectuó el
cálculo de la correcta liquidación debida a cada uno de los 2,317 trabajadores y proceder al pago
inmediato.
2. Reparar integralmente las violaciones declaradas en el presente informe, incluyendo una debida
compensación a todas las víctimas del presente caso, por daños y perjuicios, causados por la demora y
consecuente denegación de justicia.
3. Adoptar las medidas legislativas o de otra índole, necesarias para evitar la repetición de las violaciones
declaradas en el Informe No. 66/18. Al respecto, el Estado deberá disponer las medidas necesarias para
asegurar que los procesos de ejecución de sentencia cumplan con el estándar convencional de sencillez y
rapidez; y asegurar que las autoridades judiciales que conocen tales procesos se encuentren facultados

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