-3cumplimiento por parte del Estado. En posteriores resoluciones el Tribunal se pronunciará
sobre las demás reparaciones pendientes de cumplimiento en cada uno de los casos (infra
puntos resolutivos 2 a 5).
A. Medida ordenada por la Corte y supervisión realizada en resoluciones anteriores
4.
En los cuatro casos12, la Corte dispuso que el Estado debía adoptar las medidas
necesarias para “reformar […] su legislación penal” que tipifica la desaparición forzada a
efectos de compatibilizarla con los estándares internacionales en la materia. Adicionalmente,
en el caso Anzualdo Castro, el Tribunal dispuso que dicha adecuación debía realizarse, “con
especial atención a lo dispuesto en la Convención Americana y en la Convención
Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas” (en adelante la “Convención
Interamericana sobre Desaparición Forzada”).
5.
En el caso Osorio Rivera y familiares, el Tribunal emitió una Sentencia de interpretación
(supra Visto 2), debido a que el Estado indicó, entre otros, que “la disposición del artículo 320
del Código Penal no generó violación alguna a la Convención Americana en [dicho] caso” y,
por lo tanto, consideró que la referida norma “no pudo generar para el Estado el deber de
reparar el supuesto daño”. Al respecto, la Corte señaló que “la tipificación inadecuada del
delito de desaparición forzada […] pued[e] tener un efecto a futuro respecto a las
investigaciones de casos de desaparición forzada de personas[, por lo que] consideró
necesario ordenar [la presente medida, con el objetivo de] reitera[r] la necesidad de adecuar
el tipo penal como garantía de no repetición con un alcance general que tiene un objetivo
concreto que responde a la necesidad de prevención hacia futuro” 13.
6.
En las Resoluciones de supervisión de cumplimiento emitidas por la Corte en octubre
de 2007 y febrero de 2013, así como por su Presidente en diciembre de 2010, en el caso
Gómez Palomino, la Corte constató que el Estado no había presentado información sobre el
cumplimiento de la medida en cuestión. A su vez, en las Resoluciones emitidas por el Tribunal
en julio de 2009 y julio de 2011 en el marco del referido caso, la Corte observó que si bien el
Estado había realizado algunas “gestiones” para cumplir con la referida medida, las valoró
como insuficientes; en particular, en el 2011, consideró que si bien se había aportado
información relativa al “Proyecto de Ley No. 1707/2007-CR” y al “Acuerdo Plenario No. 92009/CJ-116 de 13 de noviembre de 2009, adoptado por las Salas Penales y Transitorias de
la Corte Suprema de la República del Perú” (infra Considerando 31), “ni el acuerdo plenario
ni un proyecto de ley satisfacen la obligación contenida en la presente medida de reparación
que requiere la reforma efectiva de la legislación penal interna” 14.
7.
Por su parte, en la Resolución de supervisión de cumplimiento de agosto de 2013
emitida para el caso Anzualdo Castro, si bien el Tribunal “valor[ó] las medidas adoptadas a
nivel jurisdiccional”, también “constat[ó] que el Estado no ha demostrado haber emprendido
medidas legislativas para la adecuación del tipo penal de desaparición forzada, en los términos
referidos por esta Corte”. Por tanto, solicitó al Estado “un cronograma en el que indique los
pasos que adoptará” para dar cumplimiento a la medida en cuestión.
Cfr. Caso Gómez Palomino Vs. Perú, supra nota 1, párrs. 149 y 153; Caso Anzualdo Castro Vs. Perú, supra
nota 2, párrs. 165-167, 191; Cfr. Caso Osorio Rivera y familiares Vs. Perú, supra nota 3, párr. 271 y Tenorio Roca y
otros Vs. Perú, supra nota 4, párr. 303. En las Sentencias emitidas entre el 2005 y el 2013 se dispuso que el Perú
debía cumplir con esta reparación “dentro de un plazo razonable”, mientras que en la Sentencia emitida en el 2016
se dispuso que debía hacerlo “a la mayor brevedad” (supra Visto 1).
13
El Tribunal también indicó que “la determinación para el caso concreto no subsana o invalida el hecho de que
la tipificación que continúa vigente del delito de desaparición forzada de personas en el artículo 320 del Código Penal,
tipo penal bajo el cual fue investigado y juzgado el Teniente Tello Delgado, no se adapta a los parámetros
internacionales”. Cfr. Caso Osorio Rivera y familiares Vs. Perú, supra nota 5, párrs. 16 y 23 a 26.
14
Cfr. Caso Gómez Palomino Vs. Perú. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos de 5 de julio de 2011, Considerando 36.
12