52 181. La Corte observa que estas medidas de reparación solicitadas por la Comisión y los representantes tienen como objetivo que el Estado adopte una serie de medidas en relación con la situación de los trabajadores rurales sin tierra en Brasil, particularmente en el contexto de las ocupaciones de tierra y desalojos extrajudiciales. Si bien no resultan indiferentes los argumentos sobre la alegada vulnerabilidad de los trabajadores sin tierra, debido a la falta de competencia temporal sobre los hechos relacionados con el desalojo que culminó con la muerte del señor Garibaldi, el Tribunal no se pronunciará sobre las medidas solicitadas que tienen por objeto hechos que quedaron fuera del examen en el presente caso por los motivos antes señalados. C) Daño Material, Daño Inmaterial, Costas y Gastos i) Daño Material 182. La Corte ha desarrollado en su jurisprudencia el concepto de daño material y los supuestos en que corresponde indemnizarlo147. 183. La Comisión estableció los principios generales sobre la materia y destacó que “las víctimas realizaron esfuerzos económicos con el fin de alcanzar justicia a nivel doméstico” y superar las consecuencias que las acciones del Estado les ocasionaron. Asimismo, requirió que, sin perjuicio de las pretensiones que expusieran los representantes, el Tribunal fije, en equidad, el monto de la indemnización por daño emergente y lucro cesante. 184. Los representantes señalaron que la familia del señor Garibaldi sufrió pérdidas económicas causadas por los hechos. Tras la muerte de su esposo, Iracema Garibaldi quedó como única responsable de los seis hijos de ambos, dos de los cuales eran menores de edad. Actualmente, la señora Garibaldi, quien recibe una pensión mensual mínima por su jubilación, para poder subsistir se ha visto en la necesidad de trabajar junto con algunos miembros de su familia que son pequeños productores rurales. No obstante, sus ingresos mensuales resultan insuficientes para el sustento de toda la familia. El daño económico fue irreparable ya que nunca pudieron regresar a las condiciones de vida existentes antes de los hechos. En particular, los representantes solicitaron al Tribunal que ordene la entrega a la familia Garibaldi de la cantidad de US$ 10.000,00 (diez mil dólares de los Estados Unidos de América) para compensar los daños emergentes producto de: a) el transporte de Iracema Garibaldi entre Querência do Norte, Paraná, y los municipios de Caxias y Vacaria en Rio Grande do Sul “para visitar familiares y [buscar] apoyo de estos”; b) el funeral de Sétimo Garibaldi, y c) los litigios ante instancias nacionales e internacionales, incluidos transporte, alojamiento y alimentación. Asimismo, estimaron la indemnización por concepto de lucro cesante en la cantidad de R$ 212.040,00 (doscientos doce mil cuarenta reales), considerando que Sétimo Garibaldi tenía 52 años cuando fue asesinado, que la expectativa de vida en el estado de Paraná es de 71 años, por lo que habría trabajado por 19 años más, y que su ingreso mensual como agricultor era de aproximadamente R$ 930,00 (novecientos treinta reales). 185. El Estado, en lo que concierne a los daños emergentes, sostuvo que el titular de la acción penal es el Ministerio Público y que las víctimas no realizan gastos con el trámite del proceso en el ámbito interno. Asimismo, tanto en el ámbito civil como en sede penal, el Estado garantiza el libre acceso al sistema judicial por medio de asistencia jurídica o la concesión del beneficio de gratuidad de la justicia. Por lo tanto, no es posible hablar de 147 Este Tribunal ha establecido que el daño material supone “la pérdida o detrimento de los ingresos de las víctimas, los gastos efectuados con motivo de los hechos y las consecuencias de carácter pecuniario que tengan un nexo causal con los hechos del caso”. Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala. Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de febrero de 2002. Serie C No. 91, párr. 43; Caso Escher y otros, supra nota 9, párr. 224, y Caso Kawas Fernández, supra nota 14, párr. 162.