8 vi. vii. viii. ix. x. no existe formalmente un plan de contingencia para controlar motines o enfrentar siniestros; los internos no se encuentran separados por categorías, ni reciben un trato diferenciado en atención a su edad, la evolución en el cumplimiento de la pena, o la naturaleza de los delitos por los cuales se encuentran condenados o procesados; una de las causas frecuentes de la violencia entre presos es la ausencia de actividades en las cuales ocuparse durante las horas de recreo; debido a la lentitud con la que actúan los operadores de justicia, las personas recluidas no tienen régimen diferenciado y no hay distinciones ni privilegios entre condenados y procesados. Dicha situación podría empeorar por la declaratoria de emergencia del sistema penitenciario de Mendoza que autoriza a las autoridades del Ejecutivo provincial a no separar a los internos por categorías; y no ha entrado en funcionamiento el nuevo Juzgado de Ejecución Penal; c) con posterioridad a la orden de adopción de medidas provisionales, se produjeron una serie de hechos de violencia que evidencian la continuidad de la situación de inseguridad y la necesidad de ordenar una serie de acciones específicas; d) las recientes fugas de internos también ponen en evidencia las deficiencias del sistema de seguridad; e) la continuación de los hechos de violencia, incluidos dos homicidios cometidos con posterioridad a la adopción de la resolución de medidas provisionales, así como la continuada falta de seguridad y control, evidencian que el Estado no ha dado pleno cumplimiento a su obligación de prevenir los ataques contra la vida e integridad personal de los internos de la Penitenciaría, y que no ha adoptado las medidas de seguridad indispensables para impedir nuevos incidentes de violencia; f) en cuanto a la investigación de los hechos violentos ocurridos en 2004 y 2005, que terminaron con la muerte de 18 internos y lesiones para otros tantos, el Estado no ha informado el estado actual de dichas indagaciones y sus resultados; g) hasta la fecha prácticamente ningún funcionario administrativo o de seguridad ha sido investigado ni sancionado, pese a múltiples denuncias de los internos por maltrato físico y psicológico; h) pese a que el gobierno federal ha solicitado constituirse en querellante en los procesos iniciados en relación con los hechos violentos ocurridos en la Penitenciaría, dichas solicitudes han sido sistemáticamente desechadas por las autoridades judiciales provinciales; i) el proceso de diseño e implementación de las medidas provisionales cuenta con la participación de los representantes de los beneficiarios; j) solicita a la Corte que inste al Estado a llevar a cabo investigaciones serias, completas y ágiles para individualizar a los responsables e imponerles las sanciones correspondientes. Además, que requiera al Estado información urgente, concreta y detallada sobre las acciones emprendidas respecto de los siguientes puntos: i. aumento de números de guardias y del cambio en los patrones de vigilancia;