recursos internos a disposición del Sr. Ramírez constituía otra causal que impedía a la CIDH decretar cualquier tipo de medidas cautelares a favor de la presunta víctima o solicitar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos medidas provisionales en su favor. 7. En fecha 7 de diciembre de 2000, el peticionario presentó a la Comisión una reiteración de la solicitud de medidas cautelares a favor de la presunta víctima, en virtud de haber sido agotados todos los recursos ordinarios de la jurisdicción interna y ser inminente la fijación de la fecha para su ejecución. 8. El 3 de mayo de 2001 la Comisión inició el trámite de la petición, transmitió las partes pertinentes de la denuncia al Estado guatemalteco y le solicitó presentar una respuesta a la petición dentro del plazo de dos meses de conformidad con el artículo 30 de su Reglamento. El Estado envió sus observaciones a la CIDH el 11 de julio de 2001, en la misma solicitó a la CIDH que declarase la inadmisibilidad del presente caso y que se abstenga de solicitar medidas cautelares a favor del Sr. Ramírez. 9. El 3 de octubre del año 2001 la Comisión trasmitió al peticionario las partes pertinentes de la respuesta del Estado y le solicitó presentar sus observaciones en un plazo de 30 días. El 12 de noviembre el peticionario presentó sus observaciones al informe presentado por el Gobierno de Guatemala donde nuevamente solicitó a la Comisión la adopción de medidas cautelares y que se continúe con el trámite del presente caso. 10. Finalmente el peticionario presentó un nuevo informe de ampliación a las observaciones presentadas en fecha 12 de noviembre de 2001. III. POSICIÓN DE LAS PARTES A. Posición del peticionario Sobre los hechos 11. El peticionario sostiene que al Sr. Fermín Ramírez se le impuso la pena de muerte en un proceso en el que no se respetaron varias de las garantías mínimas establecidas en el artículo 8; como consecuencia de ello, a su juicio, la aplicación de dicha pena viola el artículo 4 del mismo instrumento interamericano. 12. En primer lugar, el peticionario informó a la CIDH que en la presente causa el Ministerio Público acusó al sindicado del delito de violación calificada, el cual no está sujeto a la pena de muerte en los casos en que la víctima sea mayor de 10 años, de conformidad con la legislación penal de guatemalteca. 2 Indica, además, que el auto de apertura a juicio fue también por el delito de violación calificada, y que todo el desarrollo del debate se realizó por el mismo delito. El peticionario indica que no obstante lo anterior, en la sentencia el Tribunal calificó los hechos como asesinato y en consideración a la “peligrosidad” de la presunta víctima, le impuso la pena máxima. Asimismo, el peticionario señala que en el transcurso del debate oral el Tribunal advirtió a las partes sobre una posible variación en la calificación jurídica de los hechos, en uso de una facultad legal establecida en la normativa de procedimiento penal de Guatemala, 3 y que el Ministerio Público, en las conclusiones finales, solicitó la calificación jurídica por el delito de asesinato. 2 El artículo 175 del código Penal de Guatemala establece que “Si con motivo o a consecuencia de la violación, resultare la muerte de la ofendida, se impondrá prisión de 30 a 50 años. Se le impondrá pena de muerte, si la víctima no hubiere cumplido 10 años de edad”. 3 El artículo 388 del Código Procesal Penal establece que “La sentencia no podrá dar por acreditados otros hechos u otras circunstancias que los descritos en la acusación y en el auto de apertura del juicio o, en su caso, en la ampliación de la acusación, salvo cuando favorezca al acusado.En la sentencia, el tribunal podrá dar al hecho una calificación jurídica distinta de aquélla de la acusación o de la del auto de apertura del juicio, o imponer penas mayores o menores que la pedida por el Ministerio Público”. 2