13. Al respecto, el peticionario alega que en la sentencia fueron alterados los hechos objeto de la acusación y del debate oral, sin que el acusado tuviera la oportunidad de ser oído sobre esta nueva imputación, ni presentar pruebas de descargo en relación con el delito de asesinato ni controvertir los hechos que condujeron a considerarlo como “peligroso” de una manera práctica y efectiva. El peticionario sostiene que es precisamente el estado de indefensión al que fue sometido el que constituye una ruptura radical de las garantías mínimas que tiene todo acusado en un proceso penal, particularmente si este proceso termina con la imposición de la pena capital. 14. En segundo lugar, el peticionario alega que la sindicación del imputado como peligroso no fue oportunamente imputado al condenado, dado que ni en la acusación, auto de apertura a juicio, ni en el debate se le hizo mención alguna a dicha circunstancia, que conforme a la legislación penal guatemalteca es la única que habilita la imposición de la pena de muerte a un delito de asesinato. El peticionario alega que para que el tribunal pueda imponer la pena de muerte es necesario probar la peligrosidad del agente 4 y en el proceso contra el Sr. Ramírez en ningún momento el Ministerio Público formuló imputación en su acusación sobre la peligrosidad, ni tampoco según la argumentación de los peticionarios, el tribunal podría tener por probado este extremo, ya que el tribunal tiene como límite de la determinación de los hechos la imputación conocida por la defensa en la acusación, de tal modo el peticionario afirma que la defensa no pudo ejercer ni prever una estrategia para refutar tales afirmaciones en cuanto a la peligrosidad. 15. Asimismo, el peticionario manifestó que se vulneró la garantía de la presunción de inocencia, que supone en los casos en que se aplique la pena de muerte la prohibición de aplicación de dicha pena sobre la base de presunciones que admitan la posibilidad de una explicación diferente de los hechos. En el presente caso, se alega que no se expresaron los hechos en virtud de los cuales el tribunal de primera instancia consideró por acreditadas las causales agravantes, limitándose a señalarlas como concurrentes. Se alega también que la ausencia de expresión en la sentencia de primera instancia de los hechos en que consistían la mayoría de las causas de agravación indicadas por el Tribunal y la falta de fundamentación de las mismas en los principios de la sana crítica razonada restringieron objetivamente la posibilidad de la defensa de controvertir cuestiones de derecho relevantes sobre tales circunstancias agravantes en los recursos de apelación especial y de casación interpuestos por la vía de la impugnación. 16. Finalmente el peticionario alegó que en los recursos que se interpusieron para impugnar la sentencia de primera instancia se planteó la inadecuada calificación del delito y concurrencia de calificantes, pero dada la estructura del proceso legal en Guatemala por la que las cuestiones de hecho se debaten únicamente en la primera instancia del procedimiento, la posibilidad de contradictorio quedó circunscripta a cuestiones puramente de derecho y no sobre las circunstancias de hecho constitutivas de causales de agravación. Lo que determinó, en últimas, que la presunta víctima no gozara del derecho a la protección judicial. 17. En cuanto al artículo 4 de la Convención, el peticionario manifestó que el Estado de Guatemala violó la referida disposición convencional debido a que no observó las garantías 4 El artículo 132 del Código Penal establece que “Comete asesinato quien matare a una persona: 1) Con alevosía. 2) Por precio, recompensa, promesa, ánimo de lucro. 3) Por medio o en ocasión de inundación, incendio, veneno, explosión, desmoronamiento, derrumbe de edificio u otro artificio que pueda ocasionar gran estrago. 4) Con premeditación conocida. 5) Con ensañamiento. 6) Con impulso de perversidad brutal. 7) Para preparar, facilitar, consumar y ocultar otro delito o para asegurar sus resultados o la inmunidad para sí o para copartícipes o por no haber obtenido el resultado que se hubiere propuesto al intentar el otro hecho punible. 8) Con fines terroristas o en desarrollo de actividades terroristas. Al reo de asesinato se le impondrá prisión de 25 a 50 años, sin embargo se le aplicará la pena de muerte en lugar del máximo de prisión, si por las circunstancias del hecho y de la ocasión, la manera de realizarlo y los móviles determinantes, se revelare una mayor particular peligrosidad del agente. A quienes no se les aplique la pena de muerte por este delito, no podrá concedérsele rebaja de pena por ninguna causa.” 3

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