Los hechos del caso se refieren a la ejecución extrajudicial del senador Manuel Cepeda Vargas ocurrida el 9 de agosto de 1994 en la ciudad de Bogotá y la falta de investigación y sanción de los responsables del crimen. El senador era además un líder político y miembro de la Unión Patriótica (UP) y del Partido Comunista, y su ejecución extrajudicial se explica por su militancia política de oposición y se enmarca en un contexto de violencia sistemática contra los miembros de la UP.

La Corte IDH señaló la importancia y relación de los derechos a la libertad de expresión, libertad de asociación y derechos políticos en una sociedad democrática y de manera especial analiza la obligación estatal de garantizar la participación efectiva de grupos y personas que expresen voces opositoras en tanto elementos imprescindibles para una sociedad democrática, y de atender la situación de vulnerabilidad en que se encuentran los integrantes de ciertos grupos o sectores sociales.